México. Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional electoral (INE), dio a conocer que la garantía de que violentadores de mujeres ocupen cargos públicos sólo quedó en el discurso, tras las elecciones del pasado 6 de junio.

Así lo manifestó la consejera en entrevista para Milenio, luego de la decisión del INE de hacer sólo una revisión aleatoria y no aplicar todas las medidas posibles para que los violentadores no ocupen cargos, tal como se había prometido previamente.

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“Si ven que tienen que seguir siete procesos distintos para que finalmente una persona no consiga ser registrada y desde un cargo público siga violentando mujeres eso claramente no fomenta la cultura de la denuncia y tampoco a las mujeres se cumple con el propósito de prevenir, sancionar, erradicar y registra la violencia política en razón de género”.

Dicha advertencia queda acreditada luego del triunfo de Ana Elizabeth Ayala Leyva, tesorera de Ahome y quien cuenta con una sentencia firme por violencia política de género en contra de una síndica de ese ayuntamiento así como denuncias por reincidencia.

De acuerdo a los resultados preliminares de la jornada electoral del domingo, esta candidata de la coalición Morena-PT-PVEM obtuvo el 51.78 por ciento de los votos para ser diputada federal por el distrito 02 de Sinaloa y ocupará una curul en la Cámara de Diputados.

El INE le había retirado su candidatura y dio vista a las autoridades por falsedad de declaraciones, pero el Tribunal Electoral ordenó devolverle la candidatura, argumentando que la sentencia no indica textualmente que perdió el modo honesto de vivir.

Humphrey adelantó que desde su postura como presidenta de la Comisión de Género y No Discriminación buscará fortalecer la 3 de 3 contra la violencia y que se frenen las candidaturas no sólo de quienes tienen una sentencia condenatoria, sino de los que cuentan con denuncias e investigaciones.

“Como es muestral, yo no podría asegurar que una persona que ha violentado mujeres no va a ocupar un cargo público en esta elección. Me parece que la muestra fue chica y no nos da certeza de que una persona violentadora no vaya a ocupar algún cargo público”, aseveró. 

En ese sentido, la consejera consideró que el TEPJF deberá definir qué pasará con las sentencias en las que se acredite violencia política de género pero no se analice el modo honesto de vivir, pues en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política de Género únicamente el 13 por ciento de los casos tienen esta explicación ya que los tribunales no lo analizan y eso van alargando las instancias a las que las mujeres tienen que acudir cuando son violentadas políticamente. 

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