La toma de posición sobre el reconocimiento o desconocimiento de Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela debe ir acompañada de un análisis sobre las bases jurídicas de su juramentación.

El pasado 23 de enero, Guaidó, su condición de presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, juró “ante dios todopoderoso” asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como presidente encargado.

Para ello invocó el artículo 233 de la Constitución Venezolana, según el cual el presidente de la Asamblea Nacional puede asumir la jefatura del Ejecutivo ante la falta absoluta del presidente. El mismo artículo especifica que se considera que hay falta absoluta del presidente cuando éste muere, es destituido por el Tribunal Supremo de Justicia, abandona su cargo o sufre la “revocatoria popular de su mandato”.

Claro está que ninguno de los anteriores es el caso de Nicolás Maduro. Sin embargo, la oposición al régimen chavista argumenta que, por un lado, la reelección de Maduro en los comicios de mayo pasado fue fraudulenta. De hecho, los 14 países del llamado Grupo de Lima desconocieron el triunfo de Maduro en las citadas elecciones argumentando falta de legitimidad en el proceso, exclusión de actores políticos y carencia de observación internacional.

Por otro lado, los opositores también argumentan que el primer periodo presidencial de Maduro culminó el pasado 9 de enero. Para asumir su segundo mandato, el líder chavista debió haber juramentado el 10 de enero ante la Asamblea Nacional (poder legislativo), como lo establece la Constitución. Sin embargo, juramentó ante el Tribunal Supremo de Justicia —controlado por el oficialismo— debido a que el régimen pretendió disolver de manera ilegal al Parlamento, de mayoría opositora.

Cabe recordar que en las elecciones de 2015 el chavismo perdió la mayoría en el poder legislativo. En 2017, Maduro resolvió ese “contratiempo” a través de la creación de una Asamblea Nacional Constituyente para cuya elección se crearon reglas del juego que garantizaban la mayoría chavista. Posteriormente, esa Asamblea Constituyente —no reconocida por la oposición— disolvió al poder legislativo legítimamente electo mediante el voto popular.

Tenemos entonces a un gobierno no reconocido por la oposición ni por la comunidad internacional. Y a un gobierno autoproclamado que cuenta con el reconocimiento de parte de la comunidad internacional pese a que no está claro su sustento jurídico. Tan solo en la Organización de Estados Americanos, 16 países reconocieron a Guaidó como encargado del gobierno venezolano. Sin embargo, 18 prefirieron no hacerlo.

Por eso es acertado el llamado del representante de México ante la OEA, Jorge Lomónaco, para que la organización aclare el estatus jurídico de Guaidó. Dicho estatus debería ser el criterio fundamental para decidir sobre el reconocimiento o no reconocimiento de su autoridad.

Sin embargo, todos los países, incluido México, han fijado postura con criterios más políticos que jurídicos.

Acaso lo más grave del asunto es que más allá del estatus jurídico de Guaidó, el hecho de que Venezuela tenga dos gobiernos autoproclamados –uno con el control del Ejército y el resto de las instituciones; otro con el apoyo internacional– coloca al país en lo que parece la antesala de una guerra civil.

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