Lejos de todo pronóstico negativo, sobre el posible exceso de consumo de la planta, el modelo de regulación del cannabis en Uruguay ha demostrado ser un éxito. Fue en 2013, cuando ese país instituyó con su Ley 19.172, un marco legal para una regulación responsable e integral del mercado del cannabis.
Esta ley estableció tres formas de acceso al cannabis para uso no médico: el autocultivo, los clubes de cannabis y la venta en farmacias, esta última implementada en 2017.
La compra del enervante es posible a través del registro, y los consumidores deben elegir una de las tres opciones; para registrarse, la persona debe ser mayor de 18 años y tener nacionalidad uruguaya o residir permanente en el país.
Uruguay: modelo en AL
Las autoridades de Uruguay coinciden en señalar que el éxito de esta política se debe a estos factores: incorporar la perspectiva de derechos humanos, un enfoque de salud pública, basado en la estrategia de gestión de riesgos y reducción de daños, y dar la opción de acceder por vías legales al cannabis, alejando a la ciudadanía del narcotráfico.
Muy lejanos quedaron los mitos que existían previo a legalizar la venta de la planta en farmacias, y sí avanzó un consumo más controlado y con perspectiva de salud.
“El 19 de julio del 2017 se cayó un ícono, un prejuicio generalizado. Abrieron las farmacias, empezaron vender a aquellos que estaban registrados; no hubo bandas de zombis que atacaban las farmacias como algunos lo pronosticaban”, recordó ante medios de comunicación, el ex secretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, Milton Romani.
Actualmente, las farmacias cuentan con 49 mil 630 adquirentes registrados para recibir hasta 10 gramos semanales.
Algunos de los desafíos actuales que aún enfrenta Uruguay, se centran principalmente en un enfoque financiero, pues los bancos estadounidenses y uruguayos, reconocen como ilegal la venta de cannabis y esto dificulta la operativa en las farmacias.
Sin embargo, encuestas recientes indican que la aprobación de la venta regulada pasó del 24 por ciento en 2012 a 48 por ciento en la actualidad, por lo que casi la mitad de los uruguayos apoya la pionera ley.
¿Y México?
En 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó regular el uso adulto del cannabis, al considerar inconstitucional su prohibición absoluta. De ahí, el Congreso de la Unión debía legislar para cumplir con el mandato de la Corte y en noviembre del 2020, el Senado aprobó la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y envió a la Cámara de Diputados.
Sin embargo, sufrió varios cambios, por lo que senadores determinaron reiniciar el proceso legislativo con una nueva iniciativa que recoge propuestas de partidos y de la primera versión, impulsando la Ley Federal para la Regulación del Cannabis Psicoactivo en diciembre del 2021. Sin embargo, no hay ni siquiera un dictamen ni consenso para ser aprobada por el pleno de la Cámara alta.
Antes, en junio del 2021, la Corte publicó la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley General de Salud para anular la prohibición del consumo lúdico y recreativo del cannabis. La resolución, aprobada con ocho votos a favor y tres en contra, se establece que se podrá sembrar, recolectar, transportar y distribuir marihuana, sin que exista una penalización, siempre y cuando sea para uso personal.
