Las crisis nos permiten conocer la fortaleza de los organismos, saber de qué están hechos, cómo reaccionan a su ambiente, la dinámica que establecen, su capacidad de sobrevivencia, así el animal político, en su relacionalidad con otros objetos u actores políticos, se muestra tal cual.

En vísperas del Tercer Informe de Gobierno, el presidente López Obrador y su gobierno viven diversas crisis que los ponen a prueba cotidianamente, su capacidad y habilidad para sortearlas nos muestran formas discursivas y acciones personales de gobierno que dejan ver su estilo personal de gobernar, cómo se articulan las estructuras de gobierno, los procesos que utilizan y los resultados que obtienen.

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La inseguridad es una de las crisis mayores, con indicadores oficiales que dan cuenta de los alcances y límites del poder público. Los datos duros institucionales establecen una tendencia creciente en la violencia y delincuencia crimínales. Cerca de 100 mil homicidios dolosos, marcan la mitad del gobierno en turno, más de los ocurridos en todo el gobierno de Enrique Peña y del de Felipe Calderón.

La forma en que ha actuado el Ejecutivo Federal ha generado desconciertos y malestares en propios y extraños, dentro y fuera del gobierno, inclusive con otros gobiernos; mostrar simpatías hacia la delincuencia y actuar en contra de sus adversarios políticos no es la mejor fórmula para la necesaria unidad nacional para el desarrollo y seguridad del país.

La estrategia de abrazos y no balazos como fórmula gubernamental para resolver la inseguridad, atendiendo algunas causas de la delincuencia organizada, no ha obtenido los resultados esperados en la disminución de la actividad narco delincuencial.

Por lo contrario, ha sido aprovechado para que la delincuencia se empodere y aumente los controles territoriales; su expansión de actividades delictivas y el crecimiento en plazas del territorio nacional han venido aparejados con la disminución o vinculación dominante con los poderes locales. La intervención que paulatinamente se ha ido denunciando de la forma como operó la delincuencia en la elección de junio pasado avizora un control ampliado difícil de contener.

La limitación para actuar en contra de dicha delincuencia, desde el poder federal, ha disminuido la captura de objetivos, de operativos por parte de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, para contener la creciente territorialización de los carteles, debido entre otras cuestiones al creciente número de nuevas actividades que se les encomiendan y las distraen del combate a la delincuencia organizada.

La relación de México con EU se ha tensado por la manera en que el gobierno federal combate la delincuencia organizada, que pone en riesgo y amenaza el interés nacional de ambas naciones. Los recientes, amplios y diversos encuentros que ambos gobiernos realizan y a pesar de las muestras públicas de buena voluntad, como la entrega de vacunas, muestra inconformidad de los EU hacia México, disminuyendo la cooperación y las posibilidades de desarrollo y seguridad.

Los gobiernos locales no han logrado una efectiva coordinación con el gobierno federal, para impulsar el combate a la inseguridad de manera integral; el mando único no ha fortalecido a las policías locales, la investigación policiaca es casi inexistente. Y la impunidad cabalga abiertamente, sin que las fiscalías estatales y la autónoma Fiscalía General contribuyan a disminuir los delitos y se haga justicia.

La sociedad no encuentra respuesta alguna del poder público a sus demandas de seguridad y justicia, su estado de indefensión es letal.

Si a esta crisis de inseguridad agregamos las crisis de salud, desempleo y gobernabilidad, se puede observar una tormenta que golpea por todos lados la tranquilidad y estabilidad social; la tensión que prevalece en la relación gobierno y sociedad aumenta sensiblemente, disminuye la confianza social y afecta la participación ciudadana, como se ha observado en los limitados resultados en la búsqueda de una justificación que juzgara a los expresidentes, o el revés electoral en la Ciudad de México o en la dificultad para realizar un periodo extraordinario legislativo que apuntale la revocación del mandato; por si hiciera falta, la incertidumbre por supuestos accidentes en instalaciones estratégicas como los ocurridos en Pemex y CFE, en la línea 12 del metro, en los incendios y huracanes, en la pretendida vuelta a clases, muestran una falta de mantenimiento o una incapacidad gubernamental para evitar estos y futuros problemas que afectan a la sociedad.

En muchos casos no se entiende la ausencia de recursos públicos para actuar en el interés social y nacional. Ya no basta culpar a otros de los errores gubernamentales. La oposición se reposiciona.

Así es como la crisis se hace presente a la mitad del mandato gubernamental y en vísperas del tercer informe de gobierno.