En vísperas del tercer informe de gobierno del presidente López Obrador, han ocurrido diversos actos que violentan la vida política nacional, el secuestro exprés que tuvo el titular del Ejecutivo Federal por parte de la CNTE, en su gira por Chiapas; el uso violento en la contención de migrantes en la frontera sur, por parte de policías y elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, y los ataques sufridos contra algunos de los alcaldes de la oposición, en su intento por ingresar a la sede del Congreso local, por parte de policías en la Ciudad de México.

Estos tres sucesos se suman a una serie de confrontaciones violentas con participación de grupos delincuenciales, que ocurrieron desde que inició el proceso electoral 2020-2021, que generó la muerte de varios candidatos y propiciaron actos de violencia durante la jornada electoral, como secuestros, robo de urnas, amenazas a personas que participaron en la elección pasada, y que han cuestionado la legitimidad y tranquilidad de las elecciones en algunos estados de la República.

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Si bien no puede soslayarse el uso de la violencia por parte de actores de la delincuencia en muchos casos, con el afán de mantener el control de las plazas, también han generado la expansión criminal y hasta el desplazamiento de los gobiernos que entrarán en funciones, que ponen en estado de indefensión a la sociedad, en algunos casos, con vínculos con algunos gobiernos locales y claro está, con un empoderamiento basado en una estrategia de seguridad -abrazos y no balazos, los delincuentes también son pueblo- que les favorece en sus tareas delictivas.

Sin embargo, cuando es la autoridad o sus representantes -policías, guardia nacional o servidores públicos- quienes realizan actos violentos que atentan contra la seguridad de las personas, haya o no decisión de la autoridad correspondiente, el mensaje de autoritarismo no puede ocultarse y, también, entre grupos aliados al gobierno, como ha sido el caso de la CNTE, lo que se deduje es que no ha habido cumplimiento en supuestos acuerdos con el mismo gobierno o que el mismo se escuda detrás de ello.

En suma, estos actos no son una fórmula adecuada para mostrar un país de leyes, o de defensa de la democracia o que cuida los derechos humanos de las personas, incluidos de los aliados.

Otra cosa es el trato contra los adversarios políticos, sean autoridades, o precandidatos o quienes no comparten la visión y acciones del ejecutivo, que debieran de dirimirse en el ámbito de la ley y la justicia y no bajo una violencia política que contamina la vida nacional.

Si bien el proceso de sucesión presidencial avanza, con los altibajos del caso, los reposicionamientos y cambios de personas, una lectura de estos hechos violentos, en el marco del tercer informe, no deja un grato sabor de tranquilidad social, de estabilidad política ni de gobernabilidad democrática.

Las crisis que se viven en México, de salud, desempleo, pobreza e inseguridad coronan y opacan cualquier intento de mostrar que las cosas van bien; la credibilidad y confianza hacia las políticas de gobierno por parte de la sociedad van a la baja, aún cuando el presidente mantiene una popularidad del 60%. Paradojas de las encuestas, llega el presidente a su tercer informe con gran popularidad, aún cuando sus políticas no alcanzan la aprobación social.

Así es como a la mitad del mandato, el debe sigue estando más alto que el haber y sí, siguen haciendo falta muchos más hechos y sobran las palabras, que desde el poder devienen en una retórica ya muy gastada que se desvanece en la sociedad.