El Estado de Derecho establece el predominio de las normas, por encima de la discrecionalidad de cualquier autoridad, persona o grupo. Más aún en un Estado democrático y constitucional.

El presidente ha expresado su interés, por la vía de un decreto, de que la Guardia Nacional pase totalmente a la SEDENA.

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En marzo de 2019, se realizó una reforma constitucional, que estableció en su artículo 21, que la Guardia Nacional se constituiría como una instancia de seguridad pública, con carácter civil, no militar, e inscrita en la dependencia a cargo de la seguridad pública. Meses después fue aprobada su ley reglamentaria. Para lograr esta reforma constitucional fue necesario un gran esfuerzo de todas las fuerzas políticas, un amplio proceso de deliberación en el congreso y los medios, la presencia de los titulares de la Defensa y Marina y, desde luego, el impulso del titular del Ejecutivo federal y, muchos más actores políticos gubernamentales, sociales y académicos.

De igual manera, esta reforma constitucional en las seguridades del país, mantiene desde 2019 expresiones de inconformidad, controversias constitucionales no resueltas, modificaciones a las estructuras de las ffaa, a las que se han incrementado tareas de desarrollo nacional pero no necesariamente de seguridad. Lo que había sido una propuesta de campaña de López Obrador de retirar a los cuarteles a los militares se ha perdido en el discurso gubernamental, que se ha encuadrado en una frase tóxica: Abrazos, no balazos, con resultados muy limitados en materia de seguridad.

El presidente anunció tres iniciativas de reforma constitucional, la eléctrica, la política electoral y la de la guardia nacional. La reforma eléctrica fue desechada como reforma constitucional, no alcanzaron los votos de los legisladores; la reforma político electoral continúa en el discurso, aunque no se prevé su aprobación en la Cámara de diputados, de hecho las fracciones partidarias opositoras en el legislativo han declarado una especie de moratoria legislativa para aprobar cualesquier reforma constitucional propuesta por el ejecutivo. Ello implicaría, con el intento de afectar al INE, o al presentar la reforma a la Guardia Nacional, otras derrotas más al Ejecutivo, por parte de la oposición en el Legislativo.

El presidente ha observado esta situación, por lo que busca una ruta alterna a la reforma constitucional, que sabe perdería y, embarcado ya en proceso electoral y sucesorio, sería un mensaje de debilidad.
El anuncio de un decreto para cambiar el estatus de la guardia nacional, sobre todo en su carácter de civil, por el de lo militar por completo, tiende a violentar la letra y el espíritu del artículo 21 constitucional, y genera consecuencias no resueltas del todo, que impactaría a la Secretaría de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, la estructura y doctrina de las ffaa, en particular de la SEDENA, y afectaría las relaciones civiles militares, así como azuzaría las expresiones de inconformidad en torno a una posible militarización del gobierno y del país.
Desde luego que, hay que esperar el decreto, su forma y contenido, su fundamentación y motivación, así como se espera aún la declaración y publicación de la declaración sobre el tren maya, como obra de seguridad nacional.

Así podremos analizar y valorar las necesidades, intereses o deseos en juego o bien las razones de la sinrazón.