México. El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, institución de banca de desarrollo mexicana cuya labor es financiar obras para la creación de servicios públicos; habría frenado un paquete de adjudicaciones a la iniciativa privada, para ejecutar proyectos en el sureste de México.

El fallo debió salir el viernes pasado, pero se pospuso para este viernes 20 de noviembre; la razón del revés sería que Jorge Arganis, quien fue designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como secretario de Comunicaciones y Transportes -en sustitución de Javier Jiménez Espriú-; está en contra de las Asociaciones Público Privadas (APP) y manifiesta abiertamente prioridades en otros planes, como el rescate de la aerolínea mexicana Interjet.

Convocatoria a cargo de Banobras

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La convocatoria, a cargo de Banobras en su calidad de fiduciario del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), contemplaba por ejemplo la remodelación y operación de un paquete carretero en la región sureste, conocido como Paquete Sureste; por más de 14 mil millones de pesos; e incluía trabajos en cinco autopistas y un puente en Veracruz, Chiapas, Campeche y Tabasco, mediante un esquema de APP.

El principal problema radica en que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no tiene los recursos necesarios para invertir en los proyectos de infraestructura del sureste; y si las autoridades encargadas cancelan la licitación, dichas carreteras y obras se van a quedar sin esa inversión.

A la fecha, Banobras tiene una colocación de 81 mil 300 millones de pesos que incluye proyectos, proyectos del gobierno federal y estados y municipios; y financia a los estados y municipios que a su vez emplean a pequeñas y medianas empresas.

“Ya estamos comenzando a atender al sur y suerte del país, el 20 por ciento de la colocación que llevamos en el año va dirigida a esta zona que es prioritario para el gobierno federal y que se ha visto rezagada en el tiempo y que requiere de una importante dosis de crédito y financiamiento para salir de esa racha de bajo crecimiento”, aseguraba apenas en julio, Jorge Mendoza, director general de Banobras y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).

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Gobierno no actúa con legalidad

A pesar de que la nueva administración en el Gobierno prometió a su llegada que no actuaría con medidas autoritarias sino en legalidad en asuntos de impacto nacional, esto no ocurrió; ejemplo de ello es la iniciativa que impulsa AMLO para la regulación del outsourcing, una tarea con tintes electorales que incumple compromisos y pone en riesgo empleos, o el freno a las energías renovable, que detiene la inversión en un territorio que en los últimos años mostró su potencial para ser líder en la materia.

La primera ya iniciativa de reforma, busca acotar la subcontratación vía outsourcing. Sin embargo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) desaprobó esta iniciativa, la cual, calificó de “traicionera” por haber sido enviada sin haber sido revisada por el grupo de empresarios, pese a que Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, se había comprometido a no enviar ninguna iniciativa a la Cámara de Diputados, hasta no tener el aval de los órganos empresariales.

Además, según datos oficiales, es el propio Gobierno Federal quien más utiliza la contratación vía outsourcing en muchas de sus dependencias, aunque el mandatario adelantó que la administración pública dejará esa modalidad de subcontratación para no ser cómplice de una práctica “ilegal e inmoral… fruto podrido del periodo neoliberal” y se les pagará a los trabajadores de forma directa, aunque no especificó bajo qué tipo de esquema estarán contratados los trabajadores para protegerlos de los muchos abusos que se cometen en su contra.

Reactivación económica

En cuanto a los recientes planes para reactivar a la economía nacional, golpeada por la pandemia de Covid-19, sólo se enfocan a las empresas gubernamentales y deja fuera los proyectos de energías renovables.

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En el programa Acciones y Proyectos para Apuntalar la Reactivación Económica, que presentaron autoridades y representantes del sector privado, incluye al sector energético, pero sólo hay beneficios para Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ; del monto total ( 297 mil 344 millones de pesos), una tercera parte ( 98 mil 980 mdp) serán destinados a proyectos energéticos de estas empresas.

Con esta decisión de la 4T, no se apuntalará a un mercado energético que beneficie a la población, en este caso el desarrollo de energías renovables, sino a las empresas gubernamentales, lo que significa que el país no avanzará hacia la modernidad energética.

Cabe recordar que hace unos meses, el Gobierno federal cambió su política energética y frenó las energías renovables, bajo el argumento de que se tenía que mantener la estabilidad del sistema eléctrico, tras el aumento de la demanda eléctrica que causó la contingencia sanitaria por el coronavirus.

Con ello, la Secretaría de Energía (Sener) pretendió ampliar el uso de centrales eléctricas propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y limitar los permisos para plantas eólicas y solares, así como modificar algunos de los procedimientos llevados a cabo por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

Por ahora, hay un compromiso en los próximos paquetes de proyectos para incluir a los relacionados con las energías renovables.