México. Pese a sus promesas de campaña sobre retirar al Ejército de las calles, el presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en la creación de la Guardia Nacional, la cual pretende ser un cuerpo conformado por militares, navales y policías federales, para solucionar la inseguridad, narcotráfico y violencia en México.

El problema de este proyecto, además de no tener ni presentar una estrategia de acción, ignora todas las recomendaciones hechas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitidas para limitar la participación de las fuerzas armadas en las labores de seguridad pública.

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Y es que al darse a conocer que, los militares a cargo de la seguridad violentan los derechos humanos de las mujeres, la Corte Interamericana, emitió cinco sentencias condenatorias contra el Estado Mexicano, en donde se exige que las autoridades civiles deben estar capacitadas para encargarse del cuidado de la ciudadanía.

Cabe mencionar que esta resolución fue dictada en diciembre de 2018 por la desaparición forzada de Nitza Paola, Rocío Irene, y José Ángel; los tres de apellido Alvarado, ocurrida en 2009, bajo el contexto del Operativo Conjunto Chihuahua en el ejido Benito Juárez.

En esta sentencia, la Corte destacó que si bien los estados pueden “desplegar a las fuerzas armadas para desempeñar tareas ajenas a las relacionadas con conflictos armados, su actuación debe limitarse al máximo, dado que el entrenamiento que reciben los militares está dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección o control de civiles, tarea correspondiente a los entes policiacos”.

Por su parte, el tribunal advierte que la intervención de militares aumenta las violaciones a derechos humanos. En este contexto las mujeres pueden ser víctimas de violación sexual, sobre todo cuando se militarizan tierras indígenas.

Así mismo, en un texto compartido por el diario Milenio, señala otros dos casos sobresalientes, en los que Valentina Rosendo e Inés Fernández, indígenas del pueblo me’phaa, sobrevivieron en 2002 a violaciones sexuales cometidas por integrantes del Ejército mexicano en Guerrero, ambos expedientes fueron resueltos por la Corte Interamericana en 2010.

En ambas sentencias la Corte sostuvo que la violación sexual constituía una tortura y fijó un precedente importante para el abordaje de estos casos. Según el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, organización que litigó los casos, la recurrencia de la tortura sexual en mujeres detenidas por elementos militares es hasta cuatro veces mayor que en hombres.

A pesar de que el número de casos no sea preciso, es un hecho que los militares violan los derechos de las mujeres, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), insistió en reformar el Código de Justicia Militar, para extraer de la competencia militar todos los casos de violaciones hechas por los soldados; además la CNDH emitió 204 recomendaciones entre 2006 a 2017 por crímenes de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en las que se reconoce responsables a las fuerzas armadas en 68 por ciento, pero no específica en cuántos hubo víctimas mujeres.

A pesar de esto, las influencias de López Obrador sobre los militantes de su partido han permitido que la reforma constitucional avance sin tomar en cuenta esta situación, esto sumado a que ahora Morena, ha encontrado un aliado para el avance de su propuesta, ya que en 2017, el PRI propuso a llamada Ley de Seguridad Interior, idea similar a la de Obrador, la cual fracasó en 2018 al declararse inconstitucional, pues la Corte de Justicia de la Nación consideró que otorgaba atribuciones a las fuerzas armadas que le corresponden a las instituciones civiles.

MEVS