México.-Luego de que Martha Camacho Loaiza y su esposo José Manuel Alapizco Lizárraga, militantes de la liga comunista, fueron detenidos el 19 de agosto de 1977 en Culiacán, Sinaloa, por soldados de la IX Zona Militar, policías estatales y miembros de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), en donde Martha fue torturada durante 49 días en dicha zona militar, obligada a presenciar la tortura y ejecución arbitraria de su esposo –cuyo cuerpo fue desaparecido– y a dar a luz en condiciones infrahumanas, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, a nombre del Estado, le ofrecerá una disculpa pública.

A pesar de que Martha recuperó su libertad tras pagar un rescate y se convirtiera así,  en una de las pocas sobrevivientes de estos hechos. Tras la creación en 2001 de la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), Martha Camacho, con el acompañamiento del Centro Prodh, interpuso el 22 de mayo de 2002 una denuncia por el asesinato y desaparición forzada de José Manuel, así como por la tortura y desaparición forzada de su persona.

10 años después, el 7 de febrero de 2013, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) le notificó el no ejercicio de la acción penal, alegando que los delitos denunciados –homicidio, allanamiento de morada, abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad, encuadrados en el fuero común– habían prescrito.

Por su parte, Martha Camacho y su hijo promovieron un juicio de amparo indirecto, argumentando que en el contexto de la «Guerra Sucia» se cometieron ataques sistemáticos contra un sector de la población que, por su gravedad, constituyen delitos de lesa humanidad, los cuales no prescriben y deben ser investigados y sancionados. 

También se argumentó que durante varios años la investigación efectiva de estos delitos no era posible debido a las condiciones generadas por el régimen político, por lo que ell juzgado concedió el amparo el 29 de julio de 2014 y señaló que en la averiguación previa existían suficientes elementos -incluyendo el “Informe Histórico a la Sociedad Mexicana” de la Femospp– para considerar que durante la «Guerra Sucia» se habrían cometido violaciones a derechos humanos que pueden ser constitutivas de delitos de lesa humanidad. 

Y “que por su gravedad son imprescriptibles y que determinar el no ejercicio de la acción penal impide conocer la verdad histórica y la reparación real y efectiva a las víctimas”. 

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