La gran marcha realizada el domingo 13 de noviembre pasado, con una participación que oscila más o menos en un número mayor a los 700 mil ciudadanos, dentro y fuera del país, y que tuvo como fin la defensa de las libertades, de la democracia y del INE y el TEPJF, ha generado diversas percepciones entre los actores políticos y sociales, que los medios de comunicación y las redes sociales han difundido ampliamente.

El presidente y el gobierno federal y de la Cd. de México, han utilizado un discurso que ha pretendido disminuir el número de asistentes a la marcha, denostar a quienes participaron, con pobres adjetivos que pretenden incluso burlarse de algunos personajes públicos que ahí estuvieron, así como buscar ofender el sentido de la marcha, parodiando sus objetivos y mostrando en última instancia el temor que los manifestantes les causó.

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Por su parte, la sociedad, varios comunicadores e intelectuales y académicos, mantienen un esquema axiológico que se sustenta bajo el extenso paradigma de la democracia, en tanto que el gobierno, lamentablemente, se aleja cada vez más de ello.

Algunas consecuencias de la marcha han tenido ciertos impactos inmediatos en la perspectiva político electoral. En principio, parece que la propuesta en forma de iniciativa de reforma político electoral -que tiende a concentrar el poder electoral y a controlar el arbitraje electoral en el gobierno o el presidente- impulsada por el ejecutivo federal y respaldada por el partido en el poder y su fracción en la Cámara de Diputados, aunque con reservas en la Cámara de Senadores, ha quedado derrotada. Así lo ha asumido el Ejecutivo federal.

Lo anterior ya impactó también supuestas alianzas realizadas entre el PRI (de Alito) y Morena impulsadas por el Secretario de Gobernación, que podrían haber quedado en el olvido.

Así, la propuesta de reforma constitucional en materia política electoral del presidente ha pasado a segundo término, pues los votos no le alcanzarían, para buscar un supuesto plan B, que se adecúe a evitar una estrepitosa derrota en las cámaras y que se presente extrañamente como algo exitoso.

El impulso post marcha de la sociedad, deberá encontrar cauce político, para valorar si los pronósticos de la molestia ciudadana, alcanzan para una posible derrota de Morena en la Ciudad de México, que sería el derrotero de la inconformidad o si el entusiasmo de la marcha, incluso también podría alcanzar la derrota en la elección de 2024.

Por ahora habrá que ver la forma en que se pondera y resuelve la iniciativa presidencial, puesto que los procesos políticos sucesorios están relativamente cercanos, a menos de dos años, y sin duda, demandarán organización, responsabilidad y compromiso de los actores políticos, sean ciudadanos, partidos o gobiernos, a favor de la democracia, en función del sistema electoral y de partidos, así como en la definición del árbitro electoral.
Es menester repensar la democracia en México para fortalecer la certidumbre electoral y que prevalezcan las libertades ciudadanas, se mantenga la estabilidad y se avance en desarrollo con seguridad.

En esta ruta, comparto las ideas principales que se establecen como referentes, en los siguientes artículos de nuestra Carta Magna:

En el artículo 3o. Constitucional que atiende el tópico de la educación, se considera a “la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.

En el Artículo 40, se señala que:

Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal,
Y, finalmente, en el artículo 41 constitucional, se establecen las características del sistema de partidos y del sistema electoral de México, así como el papel del INE como autoridad única para organizar las elecciones.

Es tiempo de repensar la Democracia que queremos, la que necesitamos y la que puede ser posible. Incluso ante la barbaridad de propuestas que mencionan la supuesta reelección presidencial.

Los ciudadanos tenemos la palabra, y claro, la voluntad en la decisión y acción, conforme al interés nacional.

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