Hace seis semanas, para ser exacto el pasado 16 de octubre, el gobierno de la CDMX publicó un aviso en el que exige a las apps de transporte como Uber, Cabify y Didi una gran cantidad de datos privados sobre cada viaje que ofrecen, bajo el argumento de fortalecer la seguridad en su operación.

Entre los datos que las empresas deben entregar  a la Secretaría de Movilidad capitalina, ya sea de manera quincenal o mensual, se encuentra información relacionada con los viajes, tales como números de placa de los vehículos, de las licencias de conducir, coordenadas de localización de los vehículos, ingresos por los viajes, entre muchos otros datos.

Esta regulación, plantea un conflicto de intereses debido a que en  ésta se señala que “se busca minimizar externalidades negativas de estos servicios, por lo que se busca promover la sustitución de transporte sustentable”.

Sin embargo, pareciera que el gobierno de la CDMX quiere desincentivar las plataformas mediante el uso de la autoridad gubernamental, ya que la exigencia de datos, que deben ser privados, constituye una política discriminatoria en contra de conductores y usuarios de estos servicios.

¿Sabía usted que Semovi está trabajando en una aplicación desarrollada por el propio gobierno, denominada “Mi Taxi”? ¿Quién puede asegurarnos que los datos no se vayan a utilizar para crear un monopolio alrededor de su propia app? Dicen por ahí “piensa mal y acertarás”, y la verdad suena a mucha casualidad que el Gobierno local haya anunciado el desarrollo de ésta en paralelo al sistema de información que pretenden implementar a partir de los requerimientos de tantos datos privados.

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Por otro lado, quien se hará cargo de resguardar la información es la Agencia de Operación e Innovación Digital de la Ciudad de México, institución creada para realizar iniciativas de gobierno abierto, digital, gobernanza tecnológica y análisis y uso estratégico de la información, dirigida por José Merino, quien actualmente tiene una empresa llamada Data Cívica, la cual labora con datos.

Esta compañía, en 2017, descifró los nombres de 31 mil 968 personas desaparecidas a quienes el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), de la Segob, mantenía en el anonimato. ¿Cómo los datos pueden estar seguros en una empresa de análisis que ya demostró tener la capacidad de desanonimizar (hacer cruces de información) una base de datos inmensa con información sobre la identidad de decenas de miles de personas?

Hasta el momento, no se han justificado los motivos por los cuales se requiere tal cantidad de información en el mencionado aviso de las autoridades, por lo que antes de que se continúe pidiendo santo y seña a las plataformas digitales, con el motivo de la seguridad, es necesario justificar para qué se necesita ésta, ya que de caer en las manos equivocadas se podría vulnerar el derecho a la privacidad afectando a miles de personas.