¿Qué puede aportar la Comisión de la Verdad para Ayotzinapa?

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Durante las protestas por el feminicidio de Lesvy Berlín Osorio –ocurrido en mayo de 2017 en plenas instalaciones de Ciudad Universitaria– los manifestantes portaban una pancarta en la que se aseguraban que “Todos los feminicidios son crímenes de Estado”.

La consigna causó polémica, pues hubo quienes señalaron que los feminicidios no son cometidos por el Estado ni por alguno de sus agentes.

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Sin embargo, desde el punto de vista de los manifestantes –cuyo objetivo, como el de todos los movimientos sociales, consiste en poner de manifiesto la existencia de un problema y exigir su solución– la consigna cumplía su cometido: expresaba la omisión del Estado mexicano en el combate a la violencia de género.

Considero que la consigna de que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es un crimen de Estado opera de un modo similar: expresa el fracaso del Estado en su principal función, que consiste en proteger la seguridad y la vida de los ciudadanos.

Sin embargo, la evidencia disponible no indica que la desaparición de los normalistas haya sido producto de una política de Estado como sí lo fue la masacre del 2 de octubre de 1968.

Lo que ocurrió en Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 es producto de la complicidad de autoridades municipales estatales y federales con el crimen organizado.

En la región operaban grupos criminales antagónicos. Uno de ellos, lo hacía al amparo y en abierto amasiato con el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, cuyos vínculos con el narco eran conocidos desde 2012 por el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre. También por los liderazgos del PRD y —de acuerdo con un informe del propio Sol Azteca sobre el caso– hasta por el secretario de Gobernación de Felipe Calderón, Alejandro Poiré. Por supuesto, esta información no pudo haber sido desconocida por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con las investigaciones, lo que ocurrió la noche de Iguala fue que miembros del cártel de los Guerreros Unidos confundieron a los normalistas con integrantes del cártel de Los Rojos; los “levantaron”, los ejecutaron y los incineraron en el basurero de Cocula.

A ello apunta no sólo la versión oficial de la PGR; también los recientes hallazgos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Dicho organismo confirmó que al menos 19 personas fueron incineradas en Cocula, y concluyó que sólo resta determinar si la identidad de esas personas corresponde con la de los normalistas.

Es decir, que el caso Iguala podría estar a una prueba de ADN de ser esclarecido.

En ese sentido, ¿qué puede aportar la Comisión de la Verdad creada por decreto este lunes por el presidente?

El nuevo gobierno difícilmente encontrará evidencia de que la desaparición de “los 43” fue un crimen de Estado.

Pero lo que sí puede hacer es ir más allá en la red de complicidades que, por un lado, hicieron posible el empoderamiento de los grupos criminales en Iguala; y por otro lado, obstaculizaron las investigaciones y el derecho a la verdad.