México.- Después de que este lunes 29 de julio el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, anunciara un proyecto de rehabilitación de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, que contempla la construcción de un edificio de dormitorios de tres niveles con una inversión de alrededor de 34 millones de pesos, cabe preguntarse si lo hizo con tal de que las manifestaciones e inconformidades por parte de los familiares de los 43 desaparecidos de Iguala paren.

Y es que el pasado 26 de julio se realizó una manifestación para exigir que se le siga dando seguimiento al caso, pues, aunque les habían prometido una Comisión de la Verdad, muchos de los compromisos allí establecidos y firmados por el presidente Andrés Manuel López Obrador no se han cumplido.

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Al parecer hay “gato encerrado”, pues resulta que el gobierno se ha visto muy generoso, ya que de 2014 a 2018 hubo cerca de 70 graduados en la normal y a la mitad les dio una plaza de maestro, a pesar de estar en una de las comunidades más pobres.

Aunque la promesa de darle justicia al caso Ayotzinapa la utilizó Andrés Manuel López Obrador para obtener la confianza del “pueblo”y junto con ella, sus votos, al igual que su antecesor, tampoco ha podido resolver o, por lo menos explicar, qué pasó en la noche en la que desaparecieron los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

AMLO debe resultados a través de la Comisión de la Verdad, que no ha avanzado nada

Entre los servidores públicos denunciados penalmente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por investigar indebidamente el caso Ayotzinapa, se encuentran funcionarios de la extinta PGR, la Policía Federal y la Secretaría de Marina.

Sin embargo, después de que el presidente AMLO firmara el 3 de diciembre un decreto para esclarecer el caso, aún no existe un Fiscal Especializado, como lo había prometido a los padres que, con justa razón, se están manifestando y harán otra manifestación en dos meses por los 5 años del caso, pues resulta que no se están cumpliendo las peticiones que se establecieron en dicho decreto, tales como:

  • Indagar la investigación inicialmente realizada por la Procuraduría General de la República; aunque se sabe que salió a la luz un nuevo video donde uno de los detenidos por la PGR es torturado, ¿el gobierno ya está investigando a la PGR?
  • Hacienda tenía que liberar recursos para la Comisión. ¿Ya lo hicieron? ¿Cuánto dinero fue? 
  • Encontrar y procesar a todos los responsables y reparar las violaciones a los derechos humanos; aún no se sabe si han cuestionado o procesado a todos los implicados en el caso, pero ¿el gobierno se ha puesto a trabajar en las violaciones a los derechos humanos?
  • Se tenía que haber instruido ya a diversos organismos de la Administración Pública Federal para que conformen una Comisión. ¿Se ha dado a conocer dicha capacitación a organismos para la búsqueda de la verdad? ¿Cuáles?
  • La Comisión debía proveer a todos los padres de las víctimas de materiales y recursos para coadyuvar a la investigación realizada por la Procuraduría General de la República, ¿qué materiales y recursos les están dando? 
  • La asistencia de un equipo de trabajo autónomo interdisciplinario a los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa, en caso de que requieran ante la autoridad competente hacer valer con efectividad el derecho humano que las víctimas u ofendidos tienen consagrado. ¿Se ha conformado dicho equipo? ¿Brindan asistencia a los familiares?
  • Se debieron haber implementado ya los mecanismos necesarios para procurar que las investigaciones se realicen sin sesgos. ¿La Secretaría de Gobernación, por conducto del Subsecretario de Derechos Humanos, ha encontrado imparcialidades?
  • Se propuso la creación de una Fiscalía Especializada en el caso, ¿se han solicitado los recursos?
  • Las distintas dependencias deben facilitar a la Comisión cualquier prueba  para que ésta a su vez la haga llegar a la autoridad competente. ¿Se ha adquirido nueva información?
  • Lineamientos para medidas de protección a quienes brinden información. ¿La protección y colaboración a la que se refiere se ha establecido? ¿Ayuda a que no se afecte la legalidad de las pruebas a obtener, salvaguardando la probidad, independencia e imparcialidad con que deben conducirse quienes proporcionen información sobre los hechos?
  • La Secretaría de Relaciones Exteriores debe celebrar los convenios o acuerdos que permitan la asistencia y cooperación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ¿Se ha tomado la libertad de tomar en cuenta la CNDH?

¿Será que AMLO está involucrado?

Y es que la tranquilidad en el municipio de Iguala, Guerrero, se perdió desde que el exacalde José Luis Abarca asumió el poder el 1 de enero de 2012, al mismo tiempo que el grupo delincuencial Guerreros Unidos se incorporó para hacerse de la plaza, presunto grupo responsable de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa.

AMLO cómplice 

Según habitantes de Iguala, Abarca lo hizo con el aval del entonces líder del PRD y después fundador del partido de Morena, Andrés Manuel López Obrador, misma razón por la cual el mandatario no ha ido a la región, pues podría salir involucrado, entre otras cosas, porque además ya había recibido documentos que relacionaban a José Luis Abarca y a su esposa con el narco.

 

MR