Derivado de la publicación de la supuesta Opinión A/HRC/WGAD/2020/45, Versión avanzada sin editar emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria dada a conocer en un medio de comunicación el día de hoy (la cual por cierto no se encuentra publicada en la página oficial de la institución que la emite), me permito hacer las siguientes manifestaciones a fin de dar respuesta a diversas inquietudes de la opinión pública y de los medios de comunicación.

1. La supuesta opinión que hoy aparece en un portal de noticias va dirigida a uno de los abogados que representa los intereses de la procesada Brenda Quevedo Cruz; no al Gobierno Mexicano.

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2. En la misma comunicación el Grupo de Trabajo le solicita a la persona a quién va dirigida que dicha versión avanzada fuera tratada con discreción, al publicarla la defensa de Brenda Quevedo Cruz es de suponer que existe parcialidad de la resolución, ya que fue primeramente notificada al abogado de la defensa y no al Estado Mexicano.

3. Es importante que todas las personas y los medios de comunicación se enteren que esta opinión no es vinculante; es decir, no es obligatoria para el Estado ni para el Sistema Judicial, ya que como su nombre lo indica se trata únicamente de una opinión, la cual no puede ir en contra de nuestra Ley Suprema que es la Constitución.

4. Según la opinión el Estado Mexicano no respondió a tiempo la petición de información que realizó el Grupo de Trabajo, lo cual tiene como resultado que además de incurrir en una negligencia que va en contra de los derechos de la víctima, ya que me dejan en total estado de indefensión, la opinión emitida únicamente considera lo dicho por la procesada Brenda Quevedo Cruz y su defensa. Lo que la convierte en una opinión sesgada y unilateral; es decir, no se toman en cuenta todos los argumentos presentados por el Estado Mexicano para desvirtuar lo dicho por la procesada, como son:

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Imposible que exista detención arbitraria cuando Brenda Quevedo Cruz fue detenida en Estados Unidos de América después de haber huido al cometer el secuestro y homicidio de mi hijo Hugo Alberto Wallace Miranda. Destaca que durante dos años se tramitó su extradición, la procesada contó con un defensor particular y agotó todos los recursos para no ser enjuiciada en México; sin embargo, un juez de Estados Unidos encontró causa probable; es decir, elementos suficientes para enfrentar la justicia en nuestro País. Por lo tanto, se acredita plenamente que no hubo ninguna violación jurídica ni de derechos humanos.

El 28 de noviembre de 2007 Brenda Quevedo Cruz fue detenida y el 28 de septiembre de 2009 se le dictó auto de formal prisión a la procesada, mismo que quedó firme hasta el 5 de junio de 2014; es decir, su detención la defendió férreamente durante siete años.

La procesada renunció al plazo para ser juzgada de manera pronta argumentando que requería de mayor plazo para ofrecer y desahogar pruebas, situación que hasta el día de hoy continúa realizando, por lo cual no se ha logrado dictar sentencia, a pesar de que la suscrita María Isabel Miranda de Wallace he promovido diversos amparos para que se logre lo anterior.

La procesada Brenda Quevedo Cruz ha ejercido su derecho a la defensa en virtud de que además de haber ofrecido un sinfín de pruebas ha interpuesto alrededor de 80 recursos legales entre apelaciones, amparos, incidentes, entre otros. Sin que con ello haya logrado desvirtuar su participación en los ilícitos que se le imputan.

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5. La procesada desde que estaba detenida en Estados Unidos de América armó una estrategia de defensa para decir que sería torturada al llegar a México. Estrategia que concretó con su llegada a nuestro país, en la causa penal existe constancia de que tanto ella como sus coprocesados se dedicaron a clamar tortura, a todos incluida ella les han practicado el Protocolo de Estambul, los cuales han dado negativos en todos los casos. En el caso de Brenda Quevedo Cruz se abrieron varias carpetas de investigación, en las cuales se decretó el No Ejercicio de la acción penal ya que no hubo ningún elemento o evidencia de que hubiera sido torturada. Por otro lado, se le practicaron dos protocolos de Estambul los cuales fueron negativos a tortura e incluso en el de la CNDH menciona que ella misma se auto infringió lesiones para aparentar algún daño físico.

6. Es importante reiterar que siempre he confiado, con todo y sus deficiencias, en el Poder Judicial de la Federación y estoy segura que tiene la capacidad para que se gestione y se dirima cualquier conflicto dentro del proceso aun cuando estos son largos y tortuosos para las víctimas del delito, por lo cual confío en que con todo el acervo de pruebas que existen en la causa penal en el secuestro y muerte de mi hijo Hugo Alberto Wallace Miranda será la procesada finalmente condenada al igual que las otras cuatro personas involucradas en dicho suceso, debido a todo el caudal probatorio que los incrimina. Cabe destacar que todas las instituciones mexicanas, incluido el Poder Judicial de la Federación le han respetado la presunción de inocencia, la adecuada defensa y el debido proceso.

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Solicito que también se vele por mi derecho de acceso a la justicia, ya que como víctima soy la principal interesada en que se dicte sentencia para dejar de vivir este calvario.

No queda duda que su estrategia siempre ha sido alargar el proceso para intentar evadir su responsabilidad, hoy más que nunca se confirma cuando desde el ámbito internacional se solicita su libertad no por ser inocente sino por la dilación que ella misma ocasiona.

Tanto para una servidora como para mi familia el secuestro de mi hijo ha sido una pesadilla no únicamente por el hecho de que mi hijo perdió la libertad y la vida en el secuestro del cual fue objeto, aunado a la indignación que nos causa el hecho de que los perpetradores del secuestro se victimicen y cuenten con ayuda de gente sin escrúpulos y que obviamente desconocen el caudal probatorio que prueba la culpabilidad de Brenda Quevedo Cruz y la organización criminal a la que pertenece.

María Isabel Miranda de Wallace