AL TIEMPO

“¡No a la vieja política…!”

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El anterior era el eslogan de campaña del “mozalbete” Samuel García, hoy gobernador electo de Nuevo León, por Movimiento Ciudadano.

Tal mensaje fue utilizado en videos y en publicidad fija, en la que el aspirante desplazaba imágenes de viejos políticos del PRI, PAN y PRD.

El mensaje era evidente: “lo de hoy en la política son los jóvenes”, parecía decir al imaginario colectivo la campaña de Samuel, en redes sociales.

¿Pero qué creen?

Sí, que el “mozalbete” –como motejan en Nuevo León a los jóvenes de la “generación de cristal”–, resultó peor que los peores políticos de la vieja política mexicana.

¡Sí, resultó un tramposo de siete suelas…!

Y es que, en efecto, junto con todo el clan familiar, Samuel García hizo trampa en la elección que lo convirtió en mandatario electo.

Lo curioso del tema es que si en México existiera apego a las leyes electorales, la contienda de Nuevo León debía estar anulada y revocado el triunfo del aspirante de Movimiento Ciudadano.

¿Y por qué debiera ser anulada la elección?

Poca cosa, porque “Sami” o “fosfo, fosfo”, como también motejan al gobernador electo los nuevoleoneses, resultó “una rata de alcantarilla”; rebasó por mucho el tope de campaña establecido en la Ley Electoral.

En efecto, una comparación elemental entre los gastos de campaña reportados por Samuel García y el tope de campaña establecido en la reforma constitucional del 2014, muestran que el joven que rechazaba a “la vieja política” mexicana rebasó el tope de campaña establecido por ley.

Pero no terminan ahí las curiosidades de la elección de Nuevo León.

Resulta que en días pasados el presidente Obrador salió en defensa de su amigo “fosfo, fosfo”, y dijo que los consejeros del INE no eran demócratas, ya que habían sancionado a Samuel García y a su partido, por hacer trampa.

¿Pero qué creen?

Que la ley electoral vigente, que establece la anulación de una elección estatal con el rebase del 5 % del tope de campaña, fue impulsada nada menos que por el eterno líder opositor, López Obrador.

Sí, de nueva cuenta “el peje por la boca muere”.

Pero vamos a los detalles.

En días recientes, la Unidad de Fiscalización del INE determinó sancionar a Samuel García y al Partido Movimiento Ciudadano por no haber reportado 28 millones de pesos que costó la propaganda en redes sociales realizada por la esposa del candidato, la influencer Mariana Rodríguez.

Según el INE, las 45 fotografías y las mil 300 historias que difundió a lo largo de toda la campaña la esposa del Samuel García, debieron reportarse como gasto de campaña, con un costo mínimo de 28 millones de pesos.

Y es que además de ser la esposa de Samuel García, Mariana Rodríguez es propietaria de la empresa encargada de la campaña en redes del candidato al gobierno de Nuevo León.

Es decir, que la imagen de Mariana Rodríguez es una marca comercial, legalmente registrada, que cobra por las apariciones de su imagen en plataformas digitales –en redes–, y por tanto debió cobrar por la imagen que difundió junto con el candidato al gobierno de Nuevo León.

La sanción que impuso el INE a Samuel García y a su partido –por no reportar los 28 millones de pesos de la campaña en redes a través de la empresa de su esposa–, fue establecida en poco más de 55 millones de pesos, lo que desató un maniqueo debate en el que participó la propia influencer, quien dijo que se trataba de “violencia de género”.

Por eso acudió a presentar una denuncia “por violencia de género” ante la CNDH que tiene sometida el propio López Obrador.

Sin embargo, en el debate en el que se aprobó la sanción consejeros como Lorenzo Córdova y Ciro Murayama explicaron que nadie está sancionando la participación de la esposa de un candidato, sino la intromisión de la empresa de la esposa, a favor de la candidatura de su esposo.

Así lo dijo Lorenzo Córdova: “No se está sancionando la aparición de la ciudadana Rodríguez en muchos actos, en prácticamente todos, eso se vale, es más podría aparecer en los espectaculares (con su esposo) y ya lo hace en los promocionales de radio y televisión… lo que no puede es utilizar la fuente de su ingreso, que la convierte en empresaria, en una persona de carácter mercantil, para favorecer una campaña, porque eso es lo que la legislación prohíbe”.

Pero tampoco ahí terminó el escándalo.

Y es que horas después, la propia Unidad de Fiscalización del INE concluyó una investigación que confirma que familiares de Samuel García financiaron –de manera ilegal–, la campaña del hoy gobernador electo de Nuevo León, con un monto de 13 millones de pesos.

Resulta que según el INE, a la madre de Samuel García y dos de sus hermanos triangularon de manera ilegal –como “puentes” de personas morales–,  depósitos a Movimiento Ciudadano, lo que está prohibido.

Por esa irregularidad la Comisión de Fiscalización aprobó una sanción de 24 millones 900 mil pesos al partido naranja, y se dio vista a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales para que realice lo que en sus atribuciones corresponda.

Sin embargo, dicha Fiscalía está a cargo de uno de los lacayos más reconocidos de López Obrador, el otrora dizque demócrata José Agustín Ortiz Pinchetti, cuya esposa incluso fue premiada con un lugar en la Suprema Corte, por los servicios prestados por esa familia al hoy presidente Obrador.

Se dijo que Bertha Silvia Sepúlveda Andrade, madre del candidato, depositó a Movimiento Ciudadano 9 millones 760 mil pesos y sus hermanos Silvia Catalina García Sepúlveda un millón 895 mil pesos y Roberto Miguel García Sepúlveda 840 mil pesos. La autoridad acusa a estos familiares de mentir para ocultar la triangulación que realizaron.

El caso llegará al Tribunal Electoral, en donde tampoco existe certeza de que magistrados actúen de manera legal, ya que en no pocas ocasiones se han doblado ante el poder presidencial.

Sin embargo, son flagrantes y escandalosas las violaciones en las que incurrió Samuel García.

Y es que según el Consejo Estatal Electoral, de Nuevo León, estableció el torpe de campaña en 72 millones 87 mil pesos.

Sin embargo, hasta el momento se el INE ha contabilizado un rebase del tope de campaña por más de 42 millones de pesos, lo que equivale a casi 20 veces el tope establecido por la ley.

Sí, la reforma electoral constitucional que se aprobó en 2014, a propuesta y exigencia de López Obrador, establece la nulidad de elecciones estatales cuando un candidato “rebase por más de 5 % el tope de campaña”, que reciba o utilice recursos ilícitos o compre cobertura informativa o tiempo en radio y televisión.

La nulidad procederá “cuando la violación sea determinante para el resultado y se establece que esto ocurrirá cuando la diferencia entre el primero y segundo lugar sea menor a 5 por ciento de la votación”.

¿Anularán la elección de Nuevo León, por las trampas cometidas por el joven Samuel García?

Se los dije, es una rata de alcantarilla.