El caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa esta dando un giro de noventa grados, debido a que varios de los implicados están siendo liberados, lo cual resulta en un duro revés a la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de aclarar el caso.

Dado esto, López Obrador podría recurrir a una acción penal contra exfuncionarios, quienes habrían incurrido en tortura para poder obtener pruebas relacionadas al caso.

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Incluso Alejandro Encinas aseguró que presentarán los recursos y diligencias correspondientes para responsabilizar a Jesús Murillo Karam, Tomás Zerón de Lucio y José Aarón Pérez Carro por las fallas en las investigaciones.

El caso: los 43 desaparecidos de Ayotzinapa

El culpable de liberar a delincuentes

Por su parte, Alejandro Encinas, subsecretario de gobernación, acusó que el juez Primero de Distrito de Procesos Penales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, fue quien otorgó la libertad a 24 responsables de este caso.

Con estos, ya suman 77 las personas liberadas, de las 142 que han sido detenidas por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes en 2014, por lo que hasta el momento, todavía quedan 65 personas detenidas por este caso pero en los próximos días podrían permitirse más liberaciones.

Recordar que también el pasado 2 de septiembre, Gildardo López Astudillo, alias «El Gil», también fue liberado, este es presunto lugarteniente del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes serían los principales responsables en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Esto debido a que el juez responsable del caso, desestimara más de la mitad de las pruebas que tenían en su contra, además de que la actual Fiscalía General no presentara nuevas evidencias.

Gildardo López Astudillo, alias «El Gil»

«La tortura es un delito grave»

En entrevista con Contrapeso Ciudadano, José Luis Soberanes, ex titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aseguró que el actual gobierno si puede ir contra funcionarios de otros sexenios.

En primer lugar, consideró que «las pruebas conseguidas de manera ilícita, en este caso por medio de la toruta, son inadmisibles, eso es clarísmo, en cualquier régimen democrático así es».

Pero fue tajante al asegurar que le «resulta un poco chocante ver al poder ejecutivo critivando al poder judicial», esto debido a que «sino le parece la poder ejecutivo las resoluciones del judicial pues para eso hay recursos legales y que no se litigue a través de los medios«.

Finalmente detalló que «la tortura es un delito grave, si está acreditada la tortura, lo que se tiene que hacer por parte de la Fiscalía General de la República, es investigar e ir en contra de los torturadores y que se vayan a la cárcel, aquí no debe haber impunidad».

Dr. José Luis Soberanes, ex titular de la CNDH

Es decir, que el gobierno si tiene las facultades para poder ir, jurídicamente, en contra de funcionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto, quienes podrían haber utilizado la tortura para conseguir las pruebas necesarias del caso.