Cada vez más, aparecen notas en medios de comunicación o redes sociales que muestran indicios de que existen dos actores/factores que mueven a la presidencia mexicana y a su representante: la narcodelincuencia y el presidente Trump.

Son dos poderes reales, con gran facticidad e impacto social, en una relación no tan clara con el poder político, hacia los cuales existe una inclinación de respeto, evasiva de toda confrontación y en cumplimiento de sus demandas.

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Es delicado en la medida en que ambos elementos están por encima del interés nacional y determinan muchas políticas públicas del gobierno, entre ellas la política exterior, de migración, de seguridad, interior y de bienestar. Cuestión práctica que atenta contra la soberanía, la defensa de las instituciones nacionales y un ejercicio independiente de las tareas de gobierno.

Esas instancias no se tocan ni con el pétalo de una rosa y desgastan la legitimidad política, que expresa doble o triples discursos del poder, falseando la acción pública y colocando en duda la moral discursiva y el quehacer gubernamental.

Cada hecho vinculado a estos actores, es una simple corroboración de una cada vez mayor dependencia del ejecutivo sobre los dictados interesados que solicitan estas partes, las declaraciones lastiman cada vez más a muchos mexicanos, que miran una extraña posición dependiente e indignante en la conducta y atención hacia estos actores internacionales y nacionales.

Una consecuencia delicada es que arrastra a instancias del poder público hacia esa manera de ser con respecto a la narcodelincuencia y al poder presidencial estadounidense.

Una dificultad no es tener que reconocer este poder fáctico exterior e interior, sino pretender una retórica de autonomía e independencia que, en los hechos, deja mucho que desear.

Muchos analistas están desconcertados ante las justificaciones empleadas en discursos, a veces confunden a la opinión pública, muestran el miedo hacia ellos, en ciertos casos cierta complacencia y un agradecimiento cómplice, sobre lo que se hace o deja de hacer, que beneficia a estos actores, como si hubiera algún acuerdo o fueran asociados en ciertos proyectos, no suficientemente claros, ni mucho menos a favor de la sociedad.

Por citar dos casos, recientemente el presidente asumió una responsabilidad extraña y fuera de contexto: que él había tomado la decisión de liberar a un narcodelincuente, la responsabilidad jurídica manifiesta no encuentra más explicación que una presión externa. El atentado contra el secretario de seguridad de la Ciudad de México no tuvo la atención que el caso requería, hay más algarabía cuando se ataca a periodistas críticos del quehacer público.

El cuidado de no molestar, de hacer o de decir o dejar de hacer o de decir, con respecto a los personajes representativos de la delincuencia o del gobierno vecino, deja mal parado y poco sostenible al gobierno de México.

El discurso del odio y la retórica se contradicen ante esta realidad, encuentran ahí sus límites.