El pasado 15 de octubre el Congreso de Nuevo León aprobó con 35 votos a favor, 5 en contra y una abstención una reforma a la Ley Estatal de Salud en materia de objeción de conciencia, con lo cual personal médico y de enfermería podría negarse a prestar algún servicio cuando ello contradiga sus principios éticos o morales.

La reforma fue objeto de polémica en redes sociales luego de que organizaciones civiles, y organismos autónomos como el Conapred y la Comisión Estatal de Derechos Humanos denunciaran que lo anterior abriría la puerta a la discriminación de mujeres que solicitan la interrupción legal del embarazo, miembros de la comunidad LGBT, indígenas, migrantes y portadores de VIH, entre otros grupos vulnerables.

Pero, ¿cuáles son los verdaderos alcances y posibles consecuencias de esta reforma?

Contrapeso Ciudadano consultó a Francisco Cué, responsable de Vinculación Legislativa del Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C (GIRE), y esto fue lo que nos dijo.

La objeción de conciencia ya existe a nivel federal

Lo primero que hay que saber sobre la objeción de conciencia es que ésta ya está regulada a nivel federal desde hace más de un año. 

El pasado 11 de mayo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el artículo 10 Bis. que se adicionó a Ley General de Salud de acuerdo con lo aprobado por el Congreso de la Unión en abril de ese mismo año.

En ese sentido, el especialista calificó la reforma aprobaba en Nuevo León como «innecesaria», ya que «la Ley General de Salud aplica en toda la República, en los tres niveles de gobierno», por lo cual los médicos en Nuevo León tienen que regirse bajo ese ordenamiento.

El Estado debe garantizar la atención médica

GIRE es una organización que se dedica a la defensa de los derechos reproductivos, especialmente de las mujeres. Se dedica a difundir información sobre temas como violencia obstétrica, muerte materna, reproducción asistida, aborto y anticoncepción. Además, trabaja con legisladores estatales y federales que solicitan información sobre dichos asuntos.

Cué explicó en entrevista que “la objeción de conciencia es tan sólo una excepción para que aquellos médicos que en determinados procedimientos, por creencias éticas, religiosas, morales o personales, puedan excusarse de prestar un servicio».

Sin embargo, acotó que la Ley General de Salud «explícitamente señala que en los casos de emergencia, y cuando se ponga en riesgo la vida del paciente [el personal médico y de enfermería] no va a poder invocar la objeción de conciencia”.

Además, añadió que «si un médico en lo personal decide no participar del procedimiento, él tiene la obligación de referir a la mujer o a la persona que está atendiendo con un médico que no sea objetor para garantizar la prestación del servicio”.

Por otro lado, Cué refirió que más allá de la objeción de conciencia, se tiene que hacer una interpretación más amplia de la Ley General de Salud, en el sentido de que el derecho ciudadano de acceder a servicios médicos está reconocido tanto por el propio ordenamiento como por la Constitución.

En ese sentido, recalcó que «es obligación del Estado garantizar la prestación de los servicios mediante la contratación de personal médico no objetor”.

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Por ello, consideró que «de ninguna manera se aprobó un esquema de discriminación», ya que «si en algún momento las instituciones médicas del estado de Nuevo León niegan algún servicio, ya estamos en un escenario de ilegalidad”.

Las instituciones no son objetoras de conciencia 

Sin embargo, una de las principales preocupaciones de organizaciones civiles es que la reforma aprobada por el Congreso de Nuevo León no establece que el médico objetor de conciencia tenga la obligación de canalizar al paciente con otro dispuesto a ofrecer la atención.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León señaló a través de un comunicado que los cambios aprobados por el Congreso “no prevén la obligación de las instituciones de salud pública de contar con personal objetor y no objetor de conciencia para minimizar la posibilidad de que las personas que requieran los servicios”.

Al respecto, Cué explicó que «la objeción de conciencia es una excepción que únicamente aplica al personal médico y de enfermería. No se puede negar el servicio en una institución, no pueden los servicios públicos del estado de Nuevo León negar la interrupción del embarazo, por ejemplo, en los casos permitidos por la ley. Se tiene que garantizar la prestación del servicio”.

Por otro lado, refirió que si objetor no cumple con la obligatoriedad de referir a la persona con personal médico que no sea objetor de conciencia podría incurrir en responsabilidad legal.

Derechos encontrados

Finalmente, es importante resaltar que el tema de la objeción de conciencia es complejo debido a que se ubica en la delgada línea que divide el derecho humano a la libertad de conciencia y el derecho a la salud: 

“La postura de GIRE respecto al tema es que la objeción de conciencia no es un derecho humano en sí misma, pero sí es la forma de expresar un derecho humano .que es la libertad de conciencia. Como tal es importante que esté considerada en la legislación sanitaria, pero no puede prevalecer sobre otros derechos, es decir, nunca puede ser un obstáculo para que el derecho a la salud de todas las personas esté garantizado”.

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