México.-Este domingo de 6 junio se eligieron a 15 nuevos gobernadores en México, de los cuales 11 gobernarán 11 de las 18 ciudades más peligrosas y violentas del mundo. Aún así, ninguno de los 15 nuevos gobernadores electos presentó su propuesta de seguridad.

Lo anterior a pesar de que la inseguridad es el tema que más le preocupa a casi 70 por ciento de la población (INEGI), señaló el Lic. Alejandro Desfassiaux, Presidente Fundador del Consejo Nacional de Seguridad Privada.

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El experto en temas de seguridad lamentó que “casi ningún aspirante se tomó en serio el
tema de la inseguridad y dada la gravedad del asunto es inadmisible que de los más de
50 candidatos que se disputaron las gubernaturas del país, al menos 36, entre ellos los 15
que resultaron electos, hayan rechazado la invitación del Observatorio Nacional
Ciudadano para participar en el análisis de las propuestas de seguridad y justicia del
proyecto Por Un México Seguro”, expresó el Lic. Alejandro Desfassiaux.

Debido a su alto índice de homicidios y la intensa actividad de grupos criminales, 18
ciudades mexicanas ocupan un lugar del ranking de las 50 localidades más violentas
del mundo, realizado recientemente por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública
y la Justicia Penal A.C.; por lo que México se ubica por segundo año consecutivo como el
epicentro mundial de la violencia.

De acuerdo con este reporte, la ciudad más insegura del mundo es Celaya (1), después le
siguen Tijuana (2), Juárez (3), Ciudad Obregón (4), Irapuato (5), Ensenada (6), St. Louis
en EE.UU. (7), Uruapan (8), Feira de Santana en Brasil (9) y Cape Town en Sudáfrica
(10). Las otras localidades mexicanas dentro del ranking son: Zacatecas (15), Acapulco
(18), Culiacán (25), Cuernavaca (26), Morelia (27), Chihuahua (32), Colima (35), Benito
Juárez (44), Victoria (45), León (47), y Minatitlán (49).

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De estas localidades, 11 se ubican dentro de entidades donde se eligieron gobernadores.
Tal es el caso de Sonora (donde se encuentra Ciudad Obregón, la 4ª más violenta del
mundo), estado que será gobernado por el ex titular de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, quien rechazó la solicitud de presentar en la
plataforma del Observatorio Nacional Ciudadano sus propuestas en materia de seguridad,
a diferencia de 3 de sus 5 contrincantes.

De la misma forma, rechazaron participar en ese ejercicio los ahora gobernadores electos
de Baja California (donde se encuentra Tijuana y Ensenada, que ocupan la 2ª y 6º
posición a nivel mundial), Chihuahua (donde se ubica Juárez y Chihuahua que ocupan la
3ª y 32ª posición) y Michoacán (donde se ubica Uruapan con la 8ª posición).

Tampoco participaron los gobernadores electos de Zacatecas (capital del estado con la
15ª posición); de Guerrero (donde se encuentra Acapulco, con la 18ª posición); de Sinaloa
(donde se ubica Culiacán con la 25ª posición); de Colima (capital del estado con la 35ª
posición) y de Veracruz (donde se encuentra Minatitlán con la 49ª posición).

Un tema a resaltar es que Celaya, la ciudad más violenta de todo el mundo (1ª posición),
será gobernada por Francisco Javier Mendoza Márquez, quien al igual que sus
contrincantes, no logró aterrizar sus propuestas en términos de seguridad, ni mostró cómo
alcanzar sus objetivos durante el debate que organizó el Instituto Electoral del Estado de
Guanajuato para los candidatos a la presidencia municipal de dicha ciudad.

Ante esta situación, el Lic. Desfassiaux, también Presidente de Grupo Multisistemas de
Seguridad Industrial (GMSI) señaló que los políticos que fueron electos para ocupar una
gubernatura, presidencia municipal o diputación, deben tomar decisiones económicas
adecuadas que permitan revertir la inseguridad en el país y exhortó a los votantes,
principalmente a quienes habitan en estas ciudades, a que exijan propuestas y proyectos
claros en materia de seguridad, que estén focalizados en reducir los altos índices de
violencia que se presentan.

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Revertir la inseguridad, concluyó el Lic. Desfassiaux, es corresponsabilidad de los
electores, quienes ahora tienen en sus manos la facultad de exigirle a los gobernantes
que presenten propuestas encaminadas a combatir la inseguridad, mediante políticas
públicas y económicas que fomenten el empleo y el emprendimiento.