AL TIEMPO

Durante años, la pandilla política de López Obrador acusó a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña de ser responsables de haber desatado una guerra en México.

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La supuesta “guerra” de Calderón y de Peña era la persecución sin tregua de las bandas criminales, las que sin duda habían desatado una ola criminal en todo el país.

Sin embargo hoy, en la supuesta paz de AMLO, existen más violencia y crimen, además de que se han multiplicado las muertes violentas, comparadas las cifras con la presunta guerra de Calderón y Peña.

En pocas palabras, queda claro que el mayor logro del gobierno de López Obrador es de más muertes, más crímenes y una mayor violencia en todo el territorio nacional.

Todo ello en medio de la claudicación de las responsabilidades del Estado frente a la seguridad de los bienes y de la vida de los ciudadanos, quienes están indefensos ante las bandas mafiosas.

Y los ejemplos están a la vista de todos.

El mes de marzo inició con el asesinato del octavo periodista en el año, el zacatecano Carlos Muñiz, a quien manos criminales callaron de la peor manera, a balazos.

A su vez, febrero terminó con la cifra catastrófica de casi 120 mil muertes violentas, con un millar de masacres, mientras que siguen sin freno los muertos a causa de la Covid-19, con 350 mil muertes según cifras oficiales y casi 600 mil según cifras extraoficiales.

Mientras tanto los feminicidios muestran características de epidemia y tampoco tienen freno los desaparecidos, los desplazados a causa de la violencia, los secuestros y los casos de extorsión.

En pocas palabras, en 39 meses de gobierno de AMLO han muerto por lo menos un millón de mexicanos, sea por violencia, masacres, feminicidios, secuestros y desapariciones.

Una epidemia criminal sin freno pero también sin castigo.

Y es que a la epidemia criminal le sigue la epidemia de impunidad, en un gobierno al que poco o nada le importa detener a las bandas criminales y menos castigar a su ejército de matarifes.

Un ejército que actúa en total impunidad y, sobre todo, con una creciente dosis de terror y con métodos cada día más crueles.

Y los ejemplos de crueldad e impunidad los vimos apenas en los últimos días de febrero y en los primeros de marzo.

El primer caso ocurrió en Michoacán, cuando en medio de un sepelio uno de los grupos criminales hegemónicos sacó de la funeraria a una veintena de dolientes, los formó en fila y los ejecutó.

El colmo de la impunidad fue que a lo largo de seis horas las bandas criminales no sólo ejecutaron a los dolientes sino que se dieron tiempo de desaparecer los cuerpos y hasta de lavar la escena del crimen.

Todo en medio del desdén municipal, estatal y, sobre todo federal

El otro caso ocurrió apenas la noche del sábado 5 de marzo del 2022, en el estadio de fútbol de Querétaro, en donde una pelea en la gradería terminó con una masacre de 17 personas asesinadas a golpes, puñaladas, “picados” y baleados.

Queda claro que el crimen organizado también acude al fútbol y que también en ese escenario familiar hacen valer su presencia y su fuerza.

¿Y qué hicieron los gobiernos municipal, estatal y federal?

Resulta que 24 horas después el gobierno federal no había reaccionado, a pesar de que en redes sociales se difundieron cientos de imágenes de los presuntos responsables de una masacre impensable en una sociedad democrática.

Y mientras que en México la violencia criminal cobra más víctimas mortales que la invasión rusa a Ucrania, el primer círculo presidencial mexicano pelea entre sí, a través de filtraciones de escuchas ilegales, como las del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien debiera estar preso por su inmoral uso faccioso del poder.

¿Quién será capaz de poner alto a la violencia y la impunidad que tiene a México sumido en una guerra más brutal y letal que la invasión rusa a Ucrania?

Se los dije.