México. La autoridad total y legitimidad que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere establecer para su gobierno son claras, pues se han dado a conocer casos de funcionarios que fueron relegados de sus cargos o que tuvieron que defender su honra al intentar transparentar la forma de gobierno del tabasqueño.

Tal fue el caso de María Elena Pérez Jaén, excomisionada en el IFAI del Distrito Federal cuando López Obrador era Jefe de Gobierno, quien fue despedida de su cargo luego de que intentara desclasificar los archivos sobre la construcción del segundo piso del Periférico.

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La exconsejera del órgano de transparencia logró un amparo otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el que fue reintegrada a su cargo, además de que se logró la desclasificación de dichos documentos gracias a la Ley de Transparencia.

Ahora, el presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, se ha pronunciado en respuesta a las acusaciones sobre la falta de declaración de intereses por parte del funcionario, hechas por el presidente López Obrador.

Mediante un comunicado García Alcocer destacó que al asumir su cargo hizo del conocimiento público la declaración de sus intereses, y señaló la importancia que tienen los órganos reguladores autónomos del país y agregó que no renunciará a su cargo.

Cabe mencionar que la CRE fue unos de los primeros organismos en ser presionados por el Gobierno de Andrés Manuel, ya que junto a la Comisión Nacional de Hidrocarburos fueron orillados por la secretaria de Energía, Rocío Nahle, presionó a los directivos de ambas instituciones renunciar a su cargo. Sin embargo, no fue la primera vez que Morena y AMLO lo intentaban, pues la bancada “guinda” había propuesto en ambas Cámaras modificar la ley para quitar autonomía a ambos organismos.

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Desde su campaña presidencial, López Obrador pidió voto unánime para que no tuviera ningún tipo de contrapeso y que la oposición no le pusiera freno a sus iniciativas, con las cuales el mandatario se ha encargado poco a poco de eliminar las instituciones que pudieran hacer un frente a sus mandatos presidenciales.

Ahora una por una ha ido debilitando su autonomía, pues en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las ternas para ocupar cargos dentro de la Corte tienen en sus perfiles a candidatos “carnales” propuestos por el presidente, una de ellas Yasmín Esquivel Mossa, esposa de José María Rioboó, contratista favorito de López Obrador desde que era Jefe de Gobierno en el entonces Distrito Federal.

Además de otorgar menos presupuesto al INE, son las estancias infantiles, pertenecientes a la extinta SEDESOL, otras de las afectadas dentro de este plan de eliminación de contrapesos.

MEVS