El pasado 27 de abril un militar de la Guardia Nacional –creada por López Obrador–, mató a Ángel Yael Ignacio, estudiante de la Universidad de Guanajuato, campus Irapuato y dejó gravemente herida a su compañera.

         Los estudiantes de la carrera de Agronomía salían de un convivio que había tenido lugar en su facultad, cuando fueron perseguidos por elementos de la Guardia Nacional, quienes dispararon contra los jóvenes.

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         El destacamento de la Guardia Nacional emitió un comunicado en el que dijo que sus elementos “realizaban reconocimientos disuasivos” en la zona, contra presuntos “huachicoleros”.

Sin embargo, al percatarse que los estudiantes “se dispersaron de manera precipitada” un militar descendió de la unidad en la que viajaba y disparó contra los jóvenes, dejando sin vida a Ángel Yael Ignacio y gravemente lesionada a su compañera.

A su vez, un Juez Federal de Control ordenó dejar en libertad al militar que disparó y mató al estudiante, ya que la Fiscalía General de la República alteró los hechos para brindar impunidad al militar.

Todo ello en medio de la indignación creciente de la comunidad estudiantil de la Universidad de Guanajuato –y de todas sus facultades en distintos municipios del la entidad–, y del propio gobierno estatal, quienes han exigido justicia y la aplicación irrestricta de la ley.

Sin embargo, está claro que no habrá justicia por el crimen de Ángel Yael Ignacio y tampoco por la represión oficial contra un puñado de estudiantes en Irapuato.

¿Por qué?

Porque desde Palacio, López Obrador ordenó a la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, no tocar ni con el pétalo de una rosa a los militares de la Guardia Nacional que dispararon contra los jóvenes indefensos.

De igual manera, López instruyó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que no se meta en el tema, mientras que los medios afines al gobierno recibieron la encomienda de “bajarle el tono” al caso y dejar que pronto sea olvidado.

Lo curioso del tema, es que todos aquellos vividores del “movimiento estudiantil de Tlatelolco en 1968” –todos quienes se dijeron victimas de la represión militar del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz en Tlatelolco–, hoy guardan silencio y esconden la cabeza por los crímenes contra estudiantes, en el gobierno de López Obrador.

Sí, farsantes como Pablo Gómez y toda su pandilla familiar de saqueadores guardan silencio –a pesar de que han medrado de la represión estudiantil por más de medio siglo–, mientras que otros vividores de la dizque izquierda, como Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, prefieren la estrategia del olvido y la desmemoria.

¿Dónde está hoy la protesta, la movilización, el reclamo de los vividores de la represión de Tlatelolco en 1968, frente al crimen de estudiantes en Guanajuato?

¿Dónde están todos aquellos vividores que el 2 de octubre de cada año –desde 1970–, se manifiestan, vandalizan y exigen el fin de la represión?

¿Dónde están los vividores que cada año reclaman por justicia a “Los 43 de Ayotzinapa” y que hoy prefieren callar ante la represión a los estudiantes de la Universidad de Guanajuato?

¿Por qué a nadie, en el criminal gobierno de López Obrador, parece importar la represión militar contra estudiantes en Guanajuato –represión que costó la vida a Ángel Yael Ignacio–, mientras que los servidores públicos del gobierno de AMLO hicieron causa nacional e internacional de otros actos de represión?

¿Dónde están los intelectuales y los críticos que medraron de “la represión” a “Los 43” y que lapidarios sentenciaban que “fue el Estado”?

¿No fue el Estado el responsable de la represión de estudiantes de Guanajuato y del crimen de Ángel Yael Ignacio?

Queda claro que López Obrador y su pandilla criminal sólo utilizaron la represión a estudiantes –en otros gobiernos–, con fines de propaganda electorera, pero que hoy brindan impunidad total a los militares que matan estudiantes, en el actual gobierno.

Se los dije, López Obrador y su gobierno son verdaderos criminales de Estado.

Escribe Ricardo Alemán