A cuatro años y nueve meses de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, continúan sucediendo hechos que se contraponen con aquella «verdad histórica» que la FGR quiso imponer en el 2015

Algo que puso en entredicho la investigación del caso, fue el vídeo que circuló desde el viernes pasado en redes sociales y que fue difundió el diario El País, donde se observa a Carlos «N», presunto operador financiero de la organización criminal Guerrero Unidos, quien es interrogado y torturado sobre el paradero de los 43 jóvenes.

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Tras la revelación de este vídeo donde se observa a elementos de la Fiscalía General de la República torturar al sospechoso, señalado como sicario y cómplice en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa; el día de ayer se informó que el hombre que aparece en las imágenes es un maestro de secundaria que fue confundido con “el Pato” integrante del Cártel Guerreros Unidos.

El profesor Carlos Canto Salgado, además de dedicarse a la docencia, también administraba el bar La Pirinola en Iguala, lugar donde fue detenido la madrugada del 23 de octubre de 2014, acusado de delincuencia organizada. Luego de revelar que el 26 de septiembre de 2014, fecha en la que desaparecieron los estudiantes de Ayotzinapa, estaban en el bar varios integrantes del Cártel Guerreros Unidos, entre ellos un sujeto identificado como «La Camperra», relacionado con la desaparición de los normalistas.

El caso de la “falsa rana”

En junio de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que la identidad de Erick Uriel Sandoval Rodríguez, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) como presunto partícipe de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, no corresponde con la de La Rana o El Güereque, una de las personas que trasladó a los jóvenes antes de llevarlos al basurero de Cocula.

Cuando fue detenido, Erick Uriel negó todas las acusaciones y en su declaración ministerial, dijo que lo confundían con Édgar Sandoval Alborrán, a quien también también apodan La Rana. Además, aseguró que la noche del 26 de septiembre de 2014, él estuvo vendiendo bebidas en Atlixtac, municipio de Cocula.

Erick Uriel negó todas las acusaciones dijo que lo confundían con Édgar Sandoval Alborrán, a quien también también apodan La Rana.

La investigación de la CNDH confirmó esta «confusión» al hacerle pruebas médicas a Erick Uriel- para confirmar la posible eliminación tatuajes que era una de las señas particulares de La Rana– además de recabar y cotejar diversa información y documentación relacionada con la persona que pudiera corresponder con la identidad de Édgar: acta de nacimiento, acta de matrimonio, CURP y fotografías y realizó 13 entrevistas.

Fue así como finalmente la CNDH confirmo que la detención fue errónea y además se habían violado los derechos humanos del sospechoso.

La visita irregular al Río San Juan

En 2016, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) arremetió contra Tomás Zerón de Lucio, quién fuera titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), al señalar que omitió la entrega de evidencias al expediente del caso y sembró bolsas con osamentas humanas para justificar la «verdad histórica» de la Fiscalía General de la República (FGR) que señala que los estudiantes fueron incinerados en la basurero de Cocula. «Está en contradicción con los estándares mínimos internacionales en la investigación de los hechos» señalaron en conferencia de prensa antes de que concluyera su mandato como auxiliares en el caso.

Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en Ayotzinapa

En ese entonces, acusaron a Zerón de Lucio de manipular el vídeo que mostró a la prensa para justificar la existencia de testigos – Marinos e incluso integrantes del Alto Comisionado de Naciones Unidas– durante el traslado de Agustín García Reyes, El Chereje, testigo clave en la “verdad histórica” de la PGR, al Río San Juan

Los integrantes del GIEI hicieron hincapié en que en ningún momento vieron a García Reyes en el Río San Juan, y nunca estuvieron con ellos en dicho escenario, aunque advirtieron que ni la presencia de ellos ni de ninguna otra persona podría legalizar una actuación apartada de los estándares internacionales. 

Las declaraciones de cinco imputados por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa difieren en la forma en la que los asesinaron y el momento en el que arrojaron sus restos al río San Juan.

Recomendaron que la AIC debía retirarse de todo procedimiento de investigación para seguir la imparcialidad de la misma, y pidió que se tomarán declaraciones a todo el personal que participó en las diligencias del Río San Juan para esclarecer las circunstancias y responsabilidades en los hechos.

Investigación que al parecer quedó con un testigo torturado y en el limbo, ya que a pesar de las recomendaciones de los expertos no hay registros, ni expedientes que den coherencia a la visita al Río San Juan

 

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