La persecución de la “4-T” en contra de científicos del Conacyt tiene como fondo una revancha del presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que en diciembre del 2019 un grupo de investigadores de esta institución elaboró un estudio que descalificaba rotundamente el proyecto del Tren Maya.

En septiembre de ese año, el Conacyt invitó a cerca de 30 investigadores a formar un grupo que estudiara el impacto de la construcción del Tren Maya, uno de los proyectos “estrella” de López Obrador.

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El pecado de estos especialistas fue realizar su labor con independencia y profesionalismo y no avalar sumisamente el proyecto, como esperaba la directora general del Conacyt, María Elena Alvarez Buylla.

El estudio, entregado a principios de diciembre del 2019, señala que el Tren Maya provocaría una gran devastación del medio ambiente, afectaría el patrimonio arqueológico y afectaría los derechos humanos de miles de personas de origen indígena.

En resumen, el estudio menciona que el Tren Maya afectaría 10 Áreas Naturales Protegidas, sobre todo en cuanto a la recarga de los acuíferos y su capacidad para capturar carbono.

Además, implicaría la destrucción irreversible de mil 288 sitios arqueológicos, vulneraría los derechos de 146 mil indígenas de la etnia maya y los empleos que se generarían serían temporales y con salario precario.

El estudio fue archivado por las autoridades del Conacyt y no fue tomado en cuenta para echar a andar el proyecto del Tren Maya.

Casualmente, ese mismo mes de diciembre del 2019, la directora del Conacyt modificó el Estatuto Orgánico para que la institución dejara de canalizar recursos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, al que pertenecían varios de quienes participaron en la investigación. Fue la primera represalia.

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Medio año después, en julio del 2020, las autoridades del Conacyt presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por supuestos malos manejos de los fondos que anteriormente había recibido el Foro Consultivo, denuncia que le sirvió al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, para acusar a 31 científicos y ex funcionarios de delincuencia organizada y otros delitos.

Queda claro que López Obrador quiere meter en un penal de máxima seguridad a un grupo de científicos solo por el hecho de que varios de ellos cometieron la osadía de criticar uno de sus proyectos “estrella”. Una práctica propia de las peores dictaduras que ha sufrido la humanidad.

JC