El pasado martes fueron “levantados” tres activistas pertenecientes a la etnia Yaqui de Sonora que semanas atrás habían presentado un amparo en contra de un decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador relacionado con el reparto del agua del Río Yaqui.

Hombres fuertemente armados se llevaron por la fuerza a  Juan Pedro Maldonado Martínez, Jesús Molina Castillo y Anselmo Álvarez Mendívil, habitantes del pueblo de Potam, ubicado en la región Yaqui de Sonora.

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Los tres pertenecen a una organización social que encabezaba Tomás Rojo Valencia, quien fue asesinado en junio del año pasado en la comunidad de Vícam, sin que hasta el momento  se haya esclarecido el crimen.

La organización social emitió un comunicado en el que señaló como responsables del secuestro de los tres activistas a Jesús Patricio Varela Martínez y Onésimo Buitimea Valenzuela, quienes son operadores en la región del titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino.

De acuerdo con el comunicado, los hombres señalados tienen vínculos con el crimen organizado, lo que parece confirmar que el gobierno del estado, encabezado por Alfonso Durazo, se vale de la delincuencia organizada para reprimir a quienes cuestionan las decisiones del presidente López Obrador.

En medios de comunicación hay decenas de testimonios sobre la participación del crimen organizado en las elecciones del pasado 6 de junio. El secuestro de tres activistas que se oponen a un decreto presidencial que afecta a su comunidad por parte de individuos que portaban armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas fortalece esta versión.

JC