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n lo que va del sexenio, el Movimiento de Regeneración Nacional ha propuesto o promulgado leyes que atentan en contra de los principios democráticos:

LEY GARROTE

La tarde de ayer el Congreso estatal de Tabasco aprobó la llamada #LeyGarrote, la cual consiste en una nueva reforma al código penal para que quienes extorsionen o bloqueen empresas públicas y privadas sean castigados con hasta veinte años de cárcel.

El apodo a esta reforma se da porque con la modificación del artículo 308 bis, queda establecido que quienes por medio del cierre de vías de comunicación busquen extorsionar, podrán ser castigados con trece años de cárcel.

Es decir, lo que busca el gobierno, tanto estatal como federal, es que no haya obstáculos humanos para que la refinería de Dos Bocas se desarrolle tranquilamente. Al respecto, Yeidckol Polevsky, dirigente nacional de Morena, explicó que esta reforma pretende evitar cualquier tipo de chantaje y sabotaje en contra del proyecto de dicha refinería, la cual es una de las obras emblemáticas del gobierno de la Cuarta Transformación.

Por su parte, el Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social (FLEPS) aseguró que «la iniciativa de ley contempla penas de 10 a 20 años contra aquellos ciudadanos que realicen manifestaciones, bloqueos carreteros, o impidan la construcción de obras públicas o privadas en la entidad».

 

EXTENSIÓN DE MANDATO

A pesar de que los ciudadanos de Baja California votaron para que su próximo gobernador, el morenista Jaime Bonilla, gobierne durante dos años únicamente, el congreso local aprobó una ley para que el próximo mandato dure cinco años, es decir, tener una extensión de tres años más.

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Gracias a esta famosa Ley Bonilla, Jaime Bonilla tomará posesión de su gobierno el próximo 1 de noviembre y lo culminará el 31 de octubre de 2024, cuando en un principio su gobierno tendría que haber durado hasta el 31 de octubre de 2021; el pretexto por parte de los diputados locales para aprobar esta reforma es que las elecciones locales se empataran con las federales para el 2021.

Eduardo Huchim, exconsejero del entonces IFE, comentó que “lo que se dice que pasó en Baja California es que hubo un pacto entre el gobernador saliente (Francisco Vega) y el entrante (Jaime Bonilla)”; además pronosticó «esta reforma como un experimento para los propósitos reeleccionistas del actual Presidente».

Eduardo Huchim cree que la «Ley Bonilla» es un ensayo de AMLO para una posible reelección

LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

La Cámara de Diputados aprobó tanto en lo general como en lo particular la Ley de Extinción de Dominio, en la cual se establecen los procedimientos de carácter civil que se deben utilizar para el aseguramiento, disposición, uso, usufructo y enajenación de los bienes derivados de actividades ilícitas.

«El Estado puede disponer de los bienes de un particular que directa o indirectamente se encuentra asociado a la comisión de un delito grave» Juan Zepeda

Cabe destacar que con esta ley cualquier ciudadano podría perder alguna propiedad que haya podido adquirir por medio de formas lícitas, simplemente por una sospecha por parte del gobierno de que no sea así, ya que los derechos de los bienes cuya procedencia no pueda acreditar, sin sentencia judicial definitiva, ahora el estado podrá apropiarse de ellos y venderlos.

Por esto es que para el senador perredista Juan Zepeda esta ley «beneficia al Estado en la medida que puede disponer de los bienes de un particular que directa o indirectamente se encuentra asociado a la comisión de un delito grave, por lo que se puede vender y obtener un beneficio económico monetario».

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Por su parte, el diputado priista Enrique Ochoa Reza asegura que se puede afectar el patrimonio de terceros, lo cual es claramente inconstitucional, ya que la ley permitirá que se aplique un castigo sin sentencia definitiva y con esto se podrá castigar a cualquier persona sin que se acredite la comisión de delito alguno.