En el acuerdo al que México llegó con Estados Unidos para impedir la imposición de aranceles, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador  se comprometió a revisar e inclusive modificar sus leyes migratorias si en 45 días no se cumplen las metas acordadas.

Sin embargo, esta promesa estaría violando la división de poderes, ya que la elaboración y modificación de leyes en el país es facultad del Poder Legislativo, no del Ejecutivo, por lo que cualquier cambio tendría que ser avalado previamente por el Congreso.

En este sentido, cabe recordar que Morena tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso. En la Cámara de Diputados cuenta con 258 de los 500 diputados totales, mientras que en el Senado de los 128 legisladores, 59 pertenecen al partido.

Hay que considerar que, a diferencia de Estados Unidos, en México no es delito mantener una situación migratoria irregular. De hecho, la Ley de Migración considera que «el libre tránsito es un derecho de toda persona y es deber de cualquier autoridad promoverlo y respetarlo».

En términos jurídicos, un extranjero que ingresa a territorio mexicano sin la documentación migratoria adecuada solo está cometiendo una infracción, que puede ser subsanada iniciando el trámite correspondiente para su regularización.

Es decir, en México ningún migrante es ilegal, sino simplemente su situación migratoria se califica como irregular, incluso tienen derecho a recibir servicios educativos y atención médica.

Por otra parte, la mayor promesa que se le hizo al gobierno estadounidense fue el despliegue de 6 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur de México para frenar el paso a los inmigrantes centroamericanos; sin embargo, hasta este miércoles no se contaba con la presencia de los elementos.

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De acuerdo con los artículos 7 y 9 de la Ley de la Guardia Nacional, entre las obligaciones de esta corporación se encuentra el «garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social» en las zonas fronterizas, así como centros de supervisión y control migratorio.

Con lo anterior la Guardia Nacional estaría actuando de acuerdo con las contribuciones que le confiere la ley, en apoyo a las autoridades migratorias; sin embargo, todavía no está conformada de manera formal.

Asimismo, la Guardia Nacional se encuentra aún en proceso de capacitación y no está preparada en materia de derechos humanos para poder atender a la población migrante, lo cual plantea un complicado equilibrio en las tareas al hacer uso proporcional de la fuerza, y al mismo tiempo respetar los derechos fundamentales, entre los que se incluyen el libre tránsito y el debido proceso.

Estos detalles muestran claramente como el gobierno federal no sigue puntualmente el ordenamiento jurídico mexicano, a pesar de que es una de sus principales obligaciones, lo que pone en duda la actuación de la autoridad mexicana, además de arriesgar los derechos humanos de los migrantes.