México sufre la mayor violencia criminalidad. La tragedia de homicidios dolosos, extorsiones, derecho de piso, robo, feminicidios, todo nos lleva a una pérdida del Estado de Derecho. El gobierno está limitado y se autolimita, en la defensa de la sociedad y de sus bienes; la sociedad vive en la zozobra de la indefensión.

Se han acumulado más de 124 mil homicidios en el medio sexenio que va. Los registros de los feminicidios alcanzan un número trágico de 1,518 mujeres asesinadas durante 2022. Hay más de 4,673 extorsiones en este año y las masacres no paran. Los hechos violentos y criminales ocurren indistintamente en todos los estados y en los municipios y alcaldías del país.

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El crecimiento del control territorial en los grupos criminales va en aumento; las policías, la guardia nacional y las fuerzas armadas no se dan abasto para frenar esta criminalidad. La justicia brilla por su ausencia y ahora, el partido en el poder impulsa una legislación para amnistiar a más de 400 mil reclusos/delincuentes. La delincuencia ha encontrado en los gobiernos actuales, federal y locales, cómplices por omisión o comisión.

La frase tóxica de abrazos y balazos, ha impulsado un empoderamiento de carteles, grupos o bandas criminales. La confrontación entre ellos sigue arrojando muertes de inocentes.

Recientemente, en la zona tarahumara de Chihuahua, un miembro del cartel de Sinaloa, ha cometido asesinato de dos clérigos, dos padres jesuitas y un ciudadano que buscaba refugio en la iglesia; los tres fueron asesinados a sangre fría en el atrio de la iglesia.

El crimen ha conmovido a la comunidad jesuita, al Papa mismo, a la opinión pública y el gobierno federal no ha mostrado una posición solidaria con los fallecidos, ha enturbiado la situación atribuyendo, como acostumbra, supuestas fallas de gobiernos anteriores, pero no, en ningún momento de la delincuencia organizada, ha buscado confrontar a la jerarquía de la iglesia católica, ha buscado desviar la atención del ominoso caso y ha querido manipular, incluso, el mensaje papal, pretendiendo asociarlo a su particular discurso de odio, que divide y enfrenta el problema y que tiende a solapar y legitimar la acción delincuencial.

Las consecuencias que muestra el hecho, como ocurrió en el caso de Debany en Nuevo León o del reciente homicidio en el Suntory de la Col. Del Valle en la Cd. de México, y los múltiples bloqueos en carreteras, muestra la degradación social y política que vivimos.

Las demandas de justicia, de reparación de daños, de aplicación de la ley, de cambios en las políticas de seguridad, de mayor y mejor intervención policial y de las fuerzas armadas, se han ido acumulando y mostrando signos claros de incapacidad e ingobernabilidad por parte de la autoridad correspondiente.
A las supuestas reuniones tempraneras de Palacio y de los lugares de los poderes locales, para atender el problema de inseguridad, no le han acompañado acciones de combate, control o erradicación.

La incidencia delictiva ha vuelto a las áreas de seguridad y justicia en contadores de miseria y sepultureros de dichas instituciones. Eso es la simple constatación de los hechos, los daños y tragedias que afectan a las familias, a las organizaciones y a la sociedad en general. La frase catilinaria cabalga sobre el territorio nacional: hasta cuando abusarán de nuestra paciencia.