Es inevitable registrar la relacionalidad que existe entre la norma y la guardia nacional, así como la racionalidad política que surge de ella.

El traslado de la guardia nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional, con el fin de evitar su corrupción y no necesariamente contribuir a la efectividad en la pacificación y seguridad de la sociedad, ha desatado una amplia discusión, por la prisa innecesaria que pudo resolverse con una buena negociación política.

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La polémica que se ha generado con la nueva adscripción de la guardia nacional, que se vincula a un proceso de militarización, ha ocurrido en un ambiente de tensión provocado por enfrentamientos de grupos criminales y actos terroristas que muestran el deterioro y descontrol en la tranquilidad y estabilidad social y gubernamental, que afecta al menos la tercera parte del territorio nacional, así como de críticas y defensas de los aspectos vinculados a esta propuesta del ejecutivo federal.

La aprobación de la iniciativa-acuerdo enviada por el Ejecutivo, por mayoría en el legislativo, en ambas cámaras de diputados y senadores, de esta modificación, tuvo discusiones y posicionamientos de las distintas fuerzas políticas representadas en el legislativo, que hicieron resonancia de la falta de consenso y de un limitado cabildeo, y que al ser aprobada y publicada de inmediato en el Diario Oficial de la Federación, continuará con la presentación de una serie de controversias constitucionales por los partidos políticos y sus fracciones parlamentarias, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Colocando así en una posición endeble y de pendiente en su aplicación jurídica plena, este cambio de la guardia nacional, que pondría en riesgo los actos emprendidos por dicha institución, en caso de que las controversias constitucionales prosperaran y fueran adversas a esta nueva aprobación y readscripción, operativa, administrativa, financiera y presupuestal.

A pesar de los señalamientos expuestos por distintas autoridades gubernamentales de las supuestas bondades de este cambio en la guardia nacional, que ha implicado movimientos y posiciones en la administración pública federal y entre los poderes de la federacion, la sospecha de anticonstitucionalidad es manifiesta.

Aunque se haya hecho la modificación en comento, los resultados en contra de la delincuencia organizada son muy limitados, la inseguridad cabalga en la pradera abiertamente y con beneplácito de algunas autoridades, asimismo, la norma constitucional está vigente y su maltrato y violencia, están ahí, controvertidos, tanto por la nueva adscripción como por la propuesta de ampliación temporal de que el ejército mantenga el control de la seguridad pública. Las autoridades locales, estatales y municipales, seguirán estando como acompañantes u observadores en esta nueva situación, mientras continúa un supuesto fantasma de estado de excepción y serias dudas de que con los nuevos mandos superiores de la guardia nacional se logren modificar en automático los resultados, salvo que la estrategia y política de combate a la delincuencia criminal cambien.

Para constancia en retrospectiva y prospectiva de las dificultades entre la norma y la guardia constitucional, registro las fracciones en discusión y controversia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fueron modificadas en la intensa reforma de 2019, para crear la guardia nacional y la forma y contenido que la llevó a cabo y que hoy, con un simple cambio de opinión presidencial, han entrado en el limbo de lo político, lo legislativo y lo judicial, con consecuencias imprevisibles para el ejército mexicano:

“Artículo 21. La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, cuyos fines son los señalados en el párrafo noveno de este artículo, la coordinación y colaboración con las entidades federativas y Municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la Nación.
(Párrafo adicionado DOF 26-03-2019).
La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública, que formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones.
(Párrafo adicionado DOF 26-03-2019)

La formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y de las demás instituciones policiales se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior, y en lo conducente a la perspectiva de género.
(Párrafo adicionado DOF 26-03-2019).”

Así las cosas.