Lo que hasta ahora hemos visto en el texto aprobado por el Senado de la República el 21 de febrero de 2019, y posteriormente aceptó la Cámara de Diputados y las legislaturas de los estados, para la Guardia Nacional, podemos concluir las siguientes características:

El contenido incorporado al texto de la Constitución federal, exceptuados los artículos transitorios, es algo muy simple, pues prácticamente nos viene a decir que en México, la policía federal, la desempeñara una corporación denominada Guardia Nacional.

Dicha corporación policial esta totalmente militarizada, aunque con sus excepciones, como que, en principio, sus miembros no gozan del fuero militar, aunque todos los miembros de la Fuerza Armada permanente (en singular, pues ya se dejó de usar el término con el que siempre se conoció: Fuerzas Armadas) que “de manera extraordinaria”, como señala el artículo quinto transitorio, el presidente de la República comisione para tareas de seguridad pública, no por eso dejan de ser militares y por lo tanto sujetos al fuero militar.

Por otro lado, el artículo segundo transitorio, establece una “instancia de coordinación operativa interinstitucional formada por representantes de las secretarías del ramo de Seguridad, de la Defensa Nacional y de Marina”, o sea, ahí se deja ver el mando militar; es más, en el propio precepto, se señala que el Ejecutivo Federal designará al titular del órgano de mando superior y el presidente López Obrador ha señalado que el mismo puede ser un militar en activo o en retiro, y es cierto, pues la Constitución no lo prohíbe.

 El mismo artículo segundo transitorio establece que la Guardia Nacional empezará a operar con los elementos de la Policía Federal, La Policía Militar y la Policía Naval que determine el presidente de la República; evidentemente, los miembros de las policías militar y naval son militares, a los que se les suma, como señalamos antes, otros miembros de la Fuerza Armada, y como precisa el artículo tercero transitorio, “conservarán su rango y prestaciones” y cuando sean reasignados a su cuerpo de origen militar, ello se realizará respetando los derechos con que contaban al momento de ser comisionados a la Guardia Nacional y se les reconocerá el tiempo de servicio en la misma para efectos de su antigüedad militar.

A mayor abundamiento, el artículo sexto transitorio, con relación al plazo de 5 años, a que se refiere el artículo quinto transitorio, en que se faculta al presidente para disponer de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública, “de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria” dispone que las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, conjuntamente con la de Seguridad, participarán en la conformación y funcionamiento de la GN, y por ende, en todo lo relativo de su estructura jerárquica, regímenes de disciplina, cumplimiento de tareas y servicios, así como instrumentación de las normas de ingreso, educación, capacitación, profesionalización, ascensos y prestaciones, que podrán estar homologados a las disposiciones de la mencionada Fuerza Armada permanente. O sea, mayor militarización de la Guardia Nacional es prácticamente imposible.

El artículo cuarto transitorio es muy importante ya que estable los lineamientos fundamentales de cuatro leyes sustanciales de las que se hablaba desde la iniciativa original de los diputados de Morena presentada el 20 de noviembre de 2018, es decir de : la adecuación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Ley de la Guardia  Nacional ; la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza ; y, la Ley Nacional de Registro de Detenciones.

Una vez aprobados por unanimidad los términos de esta reforma constitucional en el Senado de la República, todo lo demás fue mero trámite, la Cámara de Diputados, igualmente, casi por unanimidad, lo mismo que las legislaturas de los estados. Y como en las películas de antes, todos fueron muy felices y los que anteriormente aparecieron como adversarios irreconciliables, hicieron las paces y todos muy contentos; a lo mejor porque les dio flojera leer los artículos transitorios.

Hablando en serio, la situación de la delincuencia en México, y particularmente la delincuencia organizada, es terrible. Los gobiernos anteriores, en vez de mejorara la situación de las corruptas e ineficaces policías, prefirieron irse por el camino mas sencillo de meter a las Fuerzas Armadas para tratar de resolver esta problemática, camino que, según parece, es sin retorno.

Las autoridades militares del país pidieron con insistencia la regulación jurídica de su intervención en tareas de seguridad pública, siendo respondidos con una Ley barroca, la de Seguridad Interior, tan mal hecha, que la Suprema Corte la declaró inconstitucional en su totalidad.   

A pesar de todo lo dicho en campaña, y antes, el presidente López Obrador, frente la gravedad de la situación,  tuvo que mantener la participación militar en la lucha contra la delincuencia, pero con un marco jurídico adecuado, y se llegó a la solución de la reforma constitucional que hemos mencionado, que no es otra cosa más que militarizar constitucionalmente, y de forma ciertamente atenuada, de la seguridad pública.

¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pues el que escribe esto no es adivino, el tiempo nos lo dirá.