El Acuerdo que ordena el “apoyo de la Fuerza Armada para realizar tareas de seguridad pública con la Guardia Nacional, representa ¿ una imposición política o una estrategia para combatir la inseguridad?, en estos momentos que los índices de violencia delictiva registran una cifra record a pesar que el país atraviesa diversas situaciones por la crisis sanitaria por covid-19, parece una decisión asertiva, o en contrasentido ¿existe la amenaza de un descontrol poblacional donde se presenten robos, saqueos, secuestros, inclusive manifestaciones en contra de las políticas implementadas en la nueva administración? Y entonces se faculta una fuerza del Estado capaz de contener un descontento social.

Cualquiera que sea la premisa, las Fuerzas Armadas están presentes como en cada administración. Tienen como misión fundamental: la defensa de la soberanía y la integridad territorial; forman parte de la Seguridad Nacional. En cambio, la Guardia Nacional, atender la seguridad interior, contribuir y coadyuvar en la atención de la seguridad pública. Sin embargo, la alianza será un viaje sin retorno en donde habrá varios perdedores y trasformaciones que no representan precisamente una evolución institucional.

Vale la pena recordar que el Ejecutivo emitió serias críticas respecto a la política de intervención del ejército en sexenios anteriores: “el país se tiene que pacificar, los militares regresar a los cuarteles”… Ahora ¿Porqué apostar por la continua participación de las Fuerzas Armadas, incluso asignar nuevas tareas en la administración pública? ¿Acaso dicho decreto presidencial significa un recurso inoportuno, anticonstitucional que vulnera no solo a la Secretaria de Defensa Nacional, sino de paso a los organismos internacionales en materia de derechos humanos?  

En este orden de ideas, la creación de la Guardia Nacional simboliza ¿Una decisión adecuada para erradicar la inseguridad?  Ante el número de homicidios y la violencia que va en aumento obligan a vislumbrar este nuevo modelo policial como una opción asertiva y la esperanza de los ciudadanos.

La Guardia Nacional desempeña funciones bajo la estrategia de presencia territorial como mecanismo de prevención y contención a la delincuencia en coordinación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para la fiscalización y seguimiento de “recursos de procedencia ilícita” y El Centro de Fusión de Inteligencia (CENFI), para intercambio de información interinstitucional. ¿Estos esfuerzos serán suficientes?

En fin, las Fuerzas Armadas continuarán inmersas en la seguridad pública en un viaje sin retorno. Es claro que existe una militarización debido a la subordinación y acatamiento constitucional hacia el “Comandante Supremo” quien encuentra respaldo en las instituciones militares para aplicar disciplina en la administración pública.

Recuerdo haber leído que en la década de los años setenta sucedió en los Estados Unidos de América, cuando los contrabandistas sobrepasaron a las fuerzas del orden en armamento y recursos económicos a consecuencia de la prohibición del tabaco y las bebidas alcohólicas. A partir de los escenarios adversos que enfrentaban en las calles las autoridades, los actores legislativos reformularon con “practicidad” las leyes: priorizaron la integridad de sus policías, la cultura de la denuncia social, a la víctima, la reparación del daño y por ende la justicia….Esta trasformación proporcionó una delantera jurídica para convertirse en una ventaja estratégica que hasta la fecha funciona.

Mientras tanto, con la Guardia Nacional inició un viaje sin retorno para el personal militar, sino reformulan y armonizan las leyes a una realidad y panorama mexicano, el nuevo modelo enfrentará desafíos y profundos desgastes que impactarán de manera negativa en la percepción ciudadana. Es probable que no se requieran más “jugadores”, sólo modificar las reglas del partido a favor del equipo nacional. Firmes… ¡Ya!

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