Por la brutalidad que muestra, la escena resulta intolerable.

Y, por supuesto, se trata de un hecho repudiable, por donde se le quiera ver; un crimen que no se debe repetir.

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Y es que, con lujo de fuerza, un grupo de policías –al parecer estatales y municipales de Quintana Roo y Tulum–, someten a una mujer de origen salvadoreño quien, ya en el pavimento, no soporta la corpulencia masculina sobre su espalda; exceso de fuerza que terminó por romperle la columna vertebral.

La mujer “murió al ser sometida”, calificaron no pocos medios, ante el enojo de usuarios de redes que insistían lapidarios: “¡la mataron!”

Y, en efecto, se trató de un crimen de Estado –porque agentes del Estado, policías en activo–, son los presuntos responsables del crimen.

Pero también es cierto que “murió al ser sometida”, a pesar de que a muchos y muchas disguste el lenguaje periodístico.

Pero el agravio no terminó con la muerte de Victoria, cuyo cuerpo sin vida fue lanzaron al contenedor de una camioneta por los policías criminales –como si se tratara de un bulto y sin esperar la llegada de un médico y menos de un Ministerio Público–, en un evidente intento por ocultar un crimen que, al final de cuentas, fue captado en video.

Pero más allá de que muchos usuarios de redes cuestionaron el lenguaje periodístico empleado –cuando los medios puntualizaron de manera correcta que la mujer “murió al ser sometida”–, lo cierto es que la mayor crítica debe ser dirigida, por un lado, a la apatía mostrada por la propia sociedad de Tulum, incapaz de intervenir para evitar un crimen y, por el otro, al silencio de las instituciones responsables de garantizar la vida de las personas y sus bienes; sean mexicanos o sean indocumentados.

En el primer caso –el de la apatía social ante un crimen como el cometido contra Victoria–, resulta aterrador que ni un solo ciudadano se haya atrevido a intervenir.

A gritar un “¡ya basta!”.

A pedir la llegada de una ambulancia cuando la mujer ya estaba tendida.

Lamentable ver a una sociedad apática, incapaz de reclamar que el cuerpo fuera respetado hasta en tanto no llegara un Ministerio Público.

Y es que si bien resulta brutal la impunidad oficial –del grupo de policías que sometieron y mataron a Victoria–, es igual de bestial la apatía social; ciudadanos que sólo atinaron a retener en video el crimen, sin reaccionar a favor de la víctima y menos contra los criminales.

Pero esa es sólo una parte del problema.

Y es que, por ejemplo, resulta escalofriante el silencio de la CNDH y de su presidenta, la señora Rosario Piedra, cabeza de una institución sometida por completo al poder presidencial.

Pero es igual de indignante el silencio de los siempre críticos militantes de Morena y simpatizantes de los gobiernos emanados de ese partido, que hoy no hablan de crimen de Estado, que no involucran al presidente, que no piden juicio político contra el gobernador y que tampoco gritan “¡viva la sometieron, viva la queremos!”.

Doble moral de un gobierno y de sus aplaudidores que, cuando son opositores, son los más críticos del gobierno en turno pero ya en el poder, callan porque no son iguales, sino peores.

Y no basta con un lamento del gobernador Carlos Joaquín González y menos del presidente Obrador.

No, lo que vimos en Tulum es la confirmación del fracaso de toda la estrategia de seguridad en el país; es la muestra de que no se pueden inventar policías sólo pasándolos de un cuartel militar y cambiando de uniforme.

El uso excesivo de la fuerza y su resultado repudiable transformado en un feminicidio de Estado, no se resuelven con un par de palabras del presidente y tampoco con retirar de sus cargos a los presuntos responsables, como lo señaló el gobernador de Quintana Roo.

Y es que el problema de fondo en la mayor región turística del país no es sólo el uso de la fuerza de un puñado de criminales vestidos con uniformes de policías; el problema es el florecimiento del crimen organizado; la explosión sin freno de la trata de personas; de la explotación sexual de mujeres, hombres y niños indocumentados.

El problema son las mafias que regentean los amigos del presidente, como Florián Tudor, a quienes la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, recibió en su despacho, como si se tratara de un socio del gobierno federal.

Lo cierto es que el crimen ocurrido en Tulum se repetirá en tanto no existe una verdadera estrategia de seguridad y una policía profesional en todo el país; causas de la tragedia que no se corregirán en el gobierno de AMLO.

¿Por qué?

Porque al presidente mexicano sólo le importan los votos.

¡Y punto!

Se los dije.