Felipe Calderón, nada más llegar al poder, tomó la muy cuestionada decisión de iniciar una “guerra” contra los cárteles de la droga, utilizando los efectivos de las Fuerzas Armadas, ya que la Policía Federal Preventiva servía para puras vergüenzas. Con dicha medida no se resolvió el problema del narcotráfico, es más se complicó terriblemente ya que tuvo consecuencias insospechadas al incrementarse de manera exponencial el crimen organizado; pero, además, se crearon situaciones alarmantes de violaciones a derechos humanos en virtud de que los soldados y marinos no estaban capacitados para someter a la delincuencia y ponerlos a disposición de un juez competente; los soldados y marinos están entrenados para combatir al enemigo de la patria y acabar con él. El gobierno de Peña Nieto continuó con esta lucha contra el crimen organizado, con los mismos desastrosos resultados.

Como era lógico, muchos defensores de derechos humanos levantaron la voz de alarma, invocando el artículo 129 constitucional que dice “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar” Por supuesto, los grupos de izquierda siempre se han opuesto a cualquier forma de militarización de la seguridad pública.

Los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina del anterior gobierno solicitaron insistentemente la regulación legal de la intervención militar en esas funciones de combatir la delincuencia. Como resultado de ello, la anterior Legislatura federal expidió una Ley muy barroca, denominada de Seguridad Interior; huelga decir que le llovieron criticas e impugnaciones legales a todo tren; nuestra Suprema Corte, que se caracteriza por ser tan “políticamente correcta”, ni siquiera se dignó estudiar su constitucionalidad, la desecho de principio, no tuvieron tiempo, o ganas, de leer el artículo 89 constitucional, fracción VI, que dice que es facultad del presidente “disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”

El actual gobierno, que se supone es de izquierda, cuando estaba próximo a  asumir el poder se enfrentó a una coyuntura: continuar con los militares en las labores de seguridad pública o no; y encontraron una solución, más bien ocurrencia, por decir lo mínimo, “pintoresca” y era resucitar la Guardia Nacional, que aunque permanecía en el texto constitucional, era una institución que había caído en desuso desde el siglo XIX. Se trata de una especie de servicio militar, pero a nivel estatal. Tenía sus antecedentes desde la época colonial, con las “milicias provinciales”, y de los Estados Unidos, donde hoy día tiene una gran fuerza.

Cuando se dieron cuenta de la metidota de pata, echaron para atrás la idea, pero la retomaron ya cuando estaban en el ejercicio del poder, pero reformándola sustancialmente y sacaron un batiburrillo. Era la misma gata, nada más que revolcada, pues era encomendar la seguridad pública a una revoltijo de militares, marinos, policías federales y elementos propios de la Guardia Nacional.

Las protestas de los mencionados grupos de defensores de derechos humanos e izquierdistas no se hicieron esperar; hasta ahora, lo que han conseguido es que el mando de la Guardia Nacional quede en manos de un civil, o sea que en vez de situarla orgánicamente en la Secretaría de la Defensa Nacional, lo sea en la Secretaría de Seguridad Pública.

Con tanto relajo, no vemos porqué dar tantos brincos estando el piso tan parejo: si la desprestigiada Policía Federal ya no sirve, que se cree una nueva corporación, ahora sí bien capacitada, bien pagada, bien armada y bien municionada, que le pueden llamar como les de la gana, eso sí que tengan el buen tino de no utilizar nominaciones que aunque estén en la Constitución, tienen otra finalidad, para no confundirnos y, mientras madura la nueva corporación, se comisionen temporalmente algunos batallones militares, insistimos, con carácter transitorio (sin que haya necesidad de reformas la Constitución ya que lo autoriza, como dijimos antes, el artículo 89, fr. VI), para desempeñar esas funciones de seguridad pública.