En diciembre, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación con un recorte de más de 2 mil millones de pesos al programa de estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras.

En 2018, los recursos asignados a dicho programa ascendieron a poco más de 4 mil millones de pesos, por lo que el recorte fue equivalente a casi el 50 por ciento de su presupuesto.

El tema cobró relevancia mediática cuando hace algunas semanas, madres de familia beneficiarias de las estancias infantiles denunciaron la eliminación de un subsidio de 950 pesos mensuales que recibían hasta la pasada administración.

Por su parte, algunas directoras de las estancias denunciaron que el recorte presupuestal podría obligar al cierre de algunos planteles.

Este martes, cuando las protestas llegaron hasta las afueras de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó el recorte como consecuencia de la lucha de su gobierno contra la corrupción.

AMLO aseguró que pese a las presiones, no cederá en su lucha contra la corrupción, y dijo que su gobierno no otorgará recursos a organizaciones sociales que actúen como intermediarias. Agregó que los apoyos de su gobierno serán entregados de manera directa a los beneficiarios para evitar “moches” y desvío de recursos.

Similar argumento empleó el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, quien comentó que se detectaron casos de desvío de recursos en la operación del programa, por lo que se revisarán las reglas bajo las que funcionan las estancias.

Y no cabe duda: tanto el presidente como el diputado Ramírez Cuéllar tienen el diagnóstico acertado. Sí hay corrupción en la administración de estancias infantiles. Y en algunas ocasiones son los intermediarios quienes aprovechan estos programas para desviar recursos.

De hecho, no hay que ir tan lejos para encontrar un ejemplo. En 2017 el gobierno federal otorgó 100 millones de pesos para la operación de 17 Cendis administrados por el Partido del Trabajo en Nuevo León. El dinero fue depositado a María Guadalupe Rodríguez, esposa del líder del PT, Alberto Anaya –aliado de AMLO y Morena–. A su vez, Rodríguez desvió parte de los recursos (27.8 millones) hacia su cuenta personal y a la del dirigente petista en Aguascalientes, Héctor Quiroz. Los 63 millones restantes fueron a parar a un fondo de inversión.

Otro ejemplo de las irregularidades en la administración de las estancias es la tragedia de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde fallecieron 49 niños a causa de un incendio originado por la negligencia respecto a las medidas básicas de protección civil. Una de las propietarias de esa guardería subrogada por el IMSS era Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de la entonces primera dama, Margarita Zavala Gómez del Campo.

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Entonces, es correcto el diagnóstico: sí hay corrupción en las estancias infantiles, cuyo esquema se presta al desvío de recursos.

Pero eso no quiere decir que la medicina sea la adecuada: ¿Cómo ayuda a solucionar la corrupción un recorte de 2 mil millones de pesos a un programa que beneficia a madres trabajadoras?

Estamos una vez más ante el razonamiento falaz del gobierno obradorista de que la solución al problema de la corrupción es cortar el flujo de recursos: “Para que no se roben la gasolina, cortamos el suministro, aunque ello cause desabasto”, parecen pensar los morenistas. “Y para que no desvíen recursos de las estancias infantiles, les recortamos el presupuesto, aunque las beneficiarias se queden en el desamparo”.

Así como el gobierno pudo haber combatido el huachicoleo a través del uso de tecnologías –sin cortar el suministro de gasolinas–, también pudo realizar auditorías más rigurosas a las estancias infantiles para detectar y castigar a quienes desvían recursos son afectar a los beneficiarios.

Por el contrario, quitar presupuesto a un programa social que beneficia a madres trabajadoras hace lucir al de Andrés Manuel López Obrador como un gobierno neoliberal. Y hace que el combate a la corrupción parezca un mero escudo para justificar las impericias de un gobierno incapaz de implementar medidas eficientes.