El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reveló que la dependencia a su cargo prepara una nueva denuncia en contra de Rosario Robles, esta vez por la venta de terrenos federales en Baja California durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando la exfuncionaria se desempeñaba al frente de la Sedatu.

Sin embargo, resulta que la gran “investigación” de la UIF en contra de Robles no es más que el “refrito” de una investigación periodística publicada desde el 9 de octubre de 2017 por el periodista Carlos Loret de Mola.

En aquella fecha, el columnista de El Universal dio a conocer que junto al exdiputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Robles vendió a diez particulares –entre ellos cinco militantes del PRI– “700 hectáreas de un terreno frente al mar en San Quintín, Baja California, al fabuloso precio de 73 pesos por hectárea”.

Esta no es la primera ocasión que el gobierno obradorista se “piratea” un trabajo periodístico para perseguir a sus opositores a través de las instituciones.

El pasado 17 de octubre, el propio Loret de Mola reveló en su columna que la Secretaría de la Función Pública le hizo llegar un oficio para que remitiera “copia certificada de toda la documentación con que cuente” respecto al reportaje conocido como “Operación saqueo”.

Dicho reportaje detalla la forma en que operaba la red de “moches” en Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por lo que resultó del interés de la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval al involucrar al exdirector de la paraestatal, Emilio Lozoya.

Al respecto, es de llamar la atención que instancias del gobierno soliciten la colaboración del periodista o retomen sus trabajos sólo en los casos en que los hallazgos implican actos de corrupción por parte de exfuncionarios.

Sin embargo, cuando las investigaciones de Loret y su equipo han destapado irregularidades en el actuar de funcionarios de la “cuarta transformación”, poco o nada han hecho la UIF, la SFP o la Fiscalía.

Recordemos que el propio Loret fue quien reveló en sus espacios periodísticos que el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, posee 23 casas y es accionista de 12 empresas sin haberlo reportado en su declaración patrimonial, fiscal y de intereses.

Finalmente, resulta irónico que la “cuarta transformación” pretenda basar sus investigaciones contra exfuncionarios precisamente en los reportajes de quien el presidente Andrés Manuel López Obrador ha calificado como “pregonero” de gobiernos anteriores.

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