La nueva Ley General de Economía Circular, cuyo dictamen fue aprobado hace dos días en comisiones del Senado, obligará a registrar ante el SAT a los cientos de miles de pepenadores que operan en todo el país para que paguen impuestos.

El artículo 12 de esta ley señala: “La Federación establecerá los instrumentos fiscales o económicos necesarios para registrar a los grupos informales de personas acopiadoras dentro de un régimen fiscal preferente que les permita salir de la informalidad fiscal, comercializar sus productos con personas físicas o morales cuya actividad esté relacionada con las materias primas secundarias, y que les brinde oportunidades para acceder a los programas instrumentados en el marco de la presente Ley”.

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Los promotores de este nuevo ordenamiento, cuyo dictamen fue aprobado por unanimidad, sostienen que de esta manera los pepenadores podrán cobrar más por su trabajo, pues estarán en posibilidades de expedir facturas, aunque eso también los obligará a pagar impuestos.

La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, dijo ante los medios que al incorporar a los pepenadores a un régimen fiscal especial las empresas que los contraten estarán obligadas a darles seguridad social y prestaciones.

No existe un censo que permita saber con precisión cuántos mexicanos se dedican a la recolección de basura en tiraderos, a quienes se les dice coloquialmente pepenadores, pero se calcula que son varios cientos de miles.

Es común que familias enteras, incluidos los niños, se dediquen a esta actividad, que genera ganancias millonarias, aunque quienes se quedan con la mayor parte son los líderes y las empresas de reciclaje.

Al obligar a los pepenadores a pagar impuestos quizá se esté golpeando al eslabón más débil de una cadena en la que solo los que están arriba se enriquecen.

JC