El Senado de la República aprobó la semana pasada una reforma a la Constitución para garantizar la paridad de género en los tres Poderes de la Unión y en todos los niveles de gobierno, misma que será discutida el próximo jueves o viernes en la Cámara de Diputados.

De ser ratificada, esta reforma garantizaría que al menos la mitad de los puestos en los órganos legislativos, en el poder judicial, en el gobierno federal, gobiernos estatales, municipales, órganos autónomos y partidos políticos sean ocupados por mujeres, dando un paso importante, pero todavía insuficiente en materia de equidad.

Y es que, pese a lo anterior, el Estado sigue sin hacer valer el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo, en el cual se establece que “a trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual”.

De acuerdo con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, las mujeres que trabajan en el gobierno federal –encabezado por Andrés Manuel López Obrador— ganan en promedio 14 por ciento menos que sus pares hombres. Mientras el salario promedio de los funcionarios de la llamada “cuarta transformación” es de 17 mil 58 pesos, el de las mujeres es de 14 mil 659 pesos.

De hecho, en la actual administración, la brecha salarial por género es mayor a la registrada en el gobierno pasado, donde los hombres ganaban 12.4 por ciento más que las mujeres.

Además, al hecho de que el gobierno fomente la brecha salarial al interior de su nómina, hay que sumar las políticas públicas que reducen las oportunidades de las mujeres de acceder a empleos mejor remunerados y con mejores condiciones laborales más allá del ámbito gubernamental.

Cabe recordar que por instrucciones del presidente López Obrador el gobierno retiró el apoyo a las organizaciones sociales que se dedicaban a ofrecer estancias infantiles para madres trabajadoras sin acceso a seguridad social.

Antes, el gobierno destinaba un recurso de 900 pesos mensuales por niño para la operación de las estancias. Sin embargo, a partir del 1 de diciembre, AMLO ordenó el cierre de las mismas con el pretexto de combatir la corrupción. En cambio, decidió entregar a las beneficiarias 800 pesos mensuales de manera directa, dejándolas sin el sistema que proporcionaba cuidados y atención pedagógica a sus hijos mientras ellas se desarrollan en el campo laboral.

Lo anterior es especialmente grave si se considera que, de acuerdo con diversos estudios, la principal causa de la brecha salarial no es la discriminación por motivos de género, sino la maternidad: sólo alrededor del 20 por ciento de las mujeres con hijos tienen empleos de tiempo completo, mientras que en el caso de los hombres, el porcentaje asciende a 70 por ciento.

Para reducir esa brecha salarial, Islandia –donde las mujeres ganan 90 centavos por cada dólar que ganan los hombres– recurrió al otorgamiento de licencias de maternidad y paternidad pagadas a fin de fomentar la incorporación de las mujeres al campo laboral. Es decir, recorrió un camino opuesto al de la 4T.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y empleo del INEGI, en 2018 sólo el 3.5 por ciento de las 20.9 millones de mujeres trabajadoras del país percibían un ingreso de cinco o más salarios mínimos. En contraste, 51.4 por ciento ganaba el equivalente a dos salarios mínimos o menos.

De hecho, en los últimos tres sexenios, el número de mujeres que perciben más de 5 salarios mínimos ha decrecido gradualmente: de 8.8% de la fuerza laboral femenina en el sexenio de Vicente Fox pasó a 6.4% en el de Calderón y 3.5 por ciento en el de Peña.

Ahora, en la “cuarta transformación”, todo indica que las cosas no serán distintas.

Te puede interesar:  “Si no lo hacemos nosotros, ¿quién?; ”Padres de los 43 realizarán su propia búsqueda