Baja California, México. Desde la segunda quincena de octubre de 2018, el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, “Kiko” Vega, ha dejado de otorgar los salarios correspondientes a los trabajadores de las distintas dependencias que conforman la entidad, así como los recursos mensuales a las instituciones de educación pública.

Con base a información de Sin Embargo, de Lamadrid no ha pagado lo que por ley corresponde; al Poder Judicial, también al Instituto Estatal Electoral, al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, al tribunal de Justicia Alternativa, al Colegio de Bachilleres, al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California.

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Además de la falta de pago a maestros y a maestros jubilados, por lo que es de suponerse que tampoco ha pagado el recurso mensual a la Universidad Autónoma de Baja California, a la cual hace dos años le debía más de 470 millones de  pesos, institución con la cual hizo un convenio de pagos.

Desde el inicio de su administración el Gobernador de Baja California (BC) solicitó un crédito por casi dos mil millones de pesos, los cuales justificó al Congreso local con el pago de los maestros jubilados, mismo que no se usó para dicho fin, sino que se gastó en obras públicas.

Lo que llama la atención de la administración de «Kiko» Vega son los múltiples adeudos que se han generado durante su mandato, pues con tan solo dos obras ya aprobadas por el Congreso del Estado, la deuda llegó a los 70 mil millones de pesos.

Para tener una idea más clara; tan solo por la construcción de una desalinizadora, el estado pagará unos 149 millones 312 mil 18 pesos por mes, significan mil 791 millones 744 mil 216 pesos por mes, pero como el compromiso es pagadero a 37 años, al final se habrán pagado 66 mil 294 millones 535 mil 992 pesos, más IVA.

Además de tener a la administración pública prácticamente en la quiebra, los niveles de inseguridad se incrementaron de manera alarmante a su llegada al gobierno estatal. Baja California, Tijuana, volvieron a ocupar uno de los primeros dos lugares en la estadística de los estados y el municipio más violento del País.

Mismo caso ocurrió en Veracruz con Javier Duarte de Ochoa, quien tenía deudas con las entidades educativas, había sido señalado de desvío de recursos, incrementó el número de sus posesiones, aumentó la deuda del estado y no entregó los recursos a las entidades, a pesar que medios de comunicación y activistas, señalaron los hechos desde inicios de la administración.

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