México. El pasado miércoles, un juez federal del Estado de México otorgó suspensiones definitivas que impiden la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco y otra contra la Ley de Ingresos de la Federación.

De acuerdo con el colectivo #NoMásDerroches, lo anterior significa que el gobierno federal debe acreditar que cuenta con los dictámenes y permisos ambientales de seguridad, viabilidad aeronáutica, prospección arqueológica, estrategia de viabilidad social, política e interinstitucional.

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Además, se obliga a las autoridades a que mantengan los avances del NAIM exactamente en el estado en el que actualmente se encuentran; es decir, que se paralice cualquier orden de destruir, desaparecer, desmantelar, demoler, inundar o cualquier otra forma de modificación de las obras existentes.

Cabe señalar que es la séptima resolución judicial que obtiene #NoMásDerroches en este tema. Tres de ellas ya son suspensiones definitivas, la primera para que no se construya el Aeropuerto de Santa Lucía hasta en tanto se cuente con los permisos ambientales y en materia de preservación arqueológica por parte de las autoridades competentes. También se debe contar con las autorizaciones en materia de seguridad aérea que exigen la Ley de Aeropuertos y su Reglamento, así como los dictámenes y demás estudios de viabilidad aeronáutica, estrategia de viabilidad social, política e interinstitucional, entre otros.

De acuerdo con el colectivo, con esta decisión el Poder Judicial de la Federación, “una vez más, demuestra a los ciudadanos que es un contrapeso real a decisiones del Poder Ejecutivo que pudieren apartarse de lo que determinen nuestras leyes o resultar en el ejercicio ineficaz de los recursos de los mexicanos”.

Por su parte, Gabriel Regino, abogado penalista, explicó que a suspensión definitiva no resuelve el problema de fondo, “la suspensión es sólo eso, una suspensión, un ‘espérese’ en lo que resuelvo si la autoridad violó o no un derecho”. 

Afirma que el Gobierno federal puede interponer un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado que resolvería en un par de meses si esa suspensión se mantiene o se revoca.

JET