En un año y medio hemos atestiguado, casi sin percibirlo, la transición de los argumentos institucionales frente a la pandemia del siglo XXI. Desde el “estábamos preparados desde diciembre [del 2019]” hasta el “no hay que exagerar” pasando por “La fuerza del Presidente es moral, no es una fuerza de contagio”. Los dichos se han enfrentado a la realidad sin tener resultado alguno.

 

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Más de 230 mil decesos y más de 2 millones y medio de contagios dicen algo sobre la estrategia para el manejo de la pandemia por el Covid-19. Creo que más tendrían que decir las familias de todas esas personas, desde el punto de vista moral, físico y económico.

 

El 24 de marzo del 2020, México entró a la Fase 2 de la Contingencia. Entonces, el gobierno de la República informó sobre las medidas para hacer frente a la pandemia: incrementó recursos a las secretarias de la Defensa Nacional (4 mil 500 millones de pesos) y a la de Marina (cerca de 500 millones); transfirió, a los estados de la República, a través del INSABI, más de 25 mil 300 millones de pesos; se otorgó permiso de ausencia con goce de sueldo y todas las prestaciones a los trabajadores adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con padecimientos crónicos y prometió créditos sin intereses o con tasas muy bajas a un millón de pequeños negocios.

 

Sin embargo, el presidente de la República no presentó un plan financiero o económico para atenuar los impactos económicos o para mitigar la pérdida de empleos; pidió a los empresarios no despedir a los trabajadores y respetar sus salarios, solamente.

 

En la Cámara de Diputados, el 25 de abril, las legisladoras Laura Angélica Rojas Hernández del PAN, Lorena Villavicencio Ayala de Morena y Martha Tagle Martínez de Movimiento Ciudadano, presentaron una propuesta para entregar un apoyo económico (“ingreso único vital”) a las personas de manera temporal (tres meses) y no condicionado, a través de tarjetas o los medios que sean necesarios por un monto de $ 3,746.00. Por supuesto que no prosperó ni siquiera fue atendida por el Ejecutivo federal.

 

El resultado de la ausencia de estrategia económica fue la pérdida de empleo, baja en los ingresos de las personas y cierre de negocios y empresas. De acuerdo con el INEGI, al mes de junio falta la recuperación de alrededor de 700 mil empleos.

 

Desde hace un mes, los analistas y especialistas, advirtieron que México experimentaba una Tercer Ola por el Covid-19. Estamos en ella y los diversos órdenes de gobierno buscan resolver un dilema sustancial: confinamiento y cierre de las actividades esenciales o apertura y riesgo del crecimiento de contagios.

 

El tardado proceso de vacunación ha blindado cada vez a más población, pero aún falta mucho para que el total de los habitantes se encuentren vacunados. Mientras tanto, la ola se incrementa y desde el ejecutivo federal, específicamente, desde la secretaría de Salud, el manejo de las cifras, para evitar el confinamiento, parece irresponsable.

 

El artículo publicado este 25 de junio en el periódico Reforma, autoría de Arturo Erdely, nos da cuenta clara sobre el proceso de modificación de los indicadores. Lo sintetizó el investigador así: “La Secretaría de Salud publicó un nuevo lineamiento que es esencialmente más laxo, modificando a la baja las puntuaciones de varios indicadores.” Esto en referencia a la definición de los denominados semáforos epidemiológicos que determinan la atención estatal de la pandemia y, que deberían constituir un sistema de alerta para los ciudadanos.

 

Estamos ante un manejo irresponsable de los datos que podrían servir a los ciudadanos para protegerse.

 

¿Hasta dónde ha llegado la irresponsabilidad del gobierno de la República al ir minimizando un grave problema?

 

En noviembre del 2020, el Partido Acción Nacional presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia en contra del Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por “negligencia criminal” por el mal manejo de la pandemia. Considerada así, creo que será muy difícil que prospere.

 

Sin embargo, el artículo de Erdely, en Reforma, de ser comprobado sí podría generar procesos judiciales por la falsedad y manejo discrecional de los datos sobre la pandemia, sobre cómo se establecen los parámetros para establecer los “semáforos epidemiológicos”.

 

Es cierto. El semáforo es un invento de Hugo López-Gatell, pero es un acto basado en las responsabilidades y facultades administrativas que el Subsecretario ejerce. De ahí que mentir o manejar discrecionalmente podría llevarlo a juicio.

 

Si hay un acto simbólico que la “Alianza Va por México” en la Cámara de Diputados debería promover, es el juicio político no solamente por el manejo de la pandemia, sino por el uso indiscriminado y la alteración de los datos.

 

Queda una pregunta esencial: ¿hasta cuándo vamos a permitir la irresponsabilidad del manejo de la pandemia? ¿Hasta que el número de decesos sea normal? Quizá normal para los que no hemos sufrido bajas; dramático para los que las han sufrido.

 

¿Hasta dónde llegará la narrativa de la muerte?