Con la participación de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), este lunes iniciaron las audiencias públicas para la discusión y análisis sobre la creación de la Guardia Nacional, que se llevarán a cabo en la Cámara de Diputados.

De manera sorpresiva, los mandatarios estatales dijeron “sí” a la Guardia Nacional, aunque rechazaron que ésta cuente con un mando militar.

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El gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, quien preside la Conago, entregó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados una propuesta para modificar el dictamen sobre la reforma constitucional que daría lugar a la Guardia.

Dicha propuesta consiste en que esta nueva corporación cuente durante sus primeros cinco años de vida con un mando civil adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, y posteriormente cuente con un mando militar si y sólo si persiste la crisis de seguridad. Se trata de un planteamiento opuesto al del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien propone que la Guardia nazca con un mando militar adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Además, la Conago propuso un esquema de operación conjunto entre el gobierno federal y los gobiernos estatales:

Bienvenida la Guardia Nacional, bajo la idea de que sus criterios generales de actuación deben sincronizarse con los criterios específicos de cada estado, pues cada entidad requiere estrategias acordes a su realidad: este traje a la medida de cada estado, con estrategias generales y específicas para combatir a la delincuencia organizada, sólo se puede confeccionar con un trabajo conjunto entre el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales”, dijo Moreno Cárdenas sobre su intervención en la audiencia.

La comparecencia de los gobernadores ante los diputados fue un ejercicio ilustrativo porque, por un lado, mostró que al menos entre los mandatarios estatales, es unánime la opinión de que los elementos del Ejército y la Marina son necesarios para hacer frente al crimen organizado.

Sin embargo, los gobernadores también pusieron de manifiesto otras aristas del tema, como el respeto al federalismo y a la soberanía de los estados mediante la participación de los gobiernos locales en la estrategia de seguridad.

En el contexto actual, la discusión sobre la creación de la Guardia Nacional no es entre militarizar o militarizar el país. La militarización de la seguridad es una realidad desde hace dos sexenios.

El problema radica en definir una estrategia que permita hacer frente a la crisis de violencia y seguridad con pleno respeto a los derechos humanos, sin perpetuar la presencia de los militares en las calles y planteando una ruta para, eventualmente, regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles. Es decir, para revertir la militarización.

A ello podría contribuir la propuesta de los gobernadores de que la Guardia cuente con un mando civil. Y también sería importante que durante las próximas audiencias —en las que participarán alcaldes, académicos, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios del gobierno federal— se ponga sobre la palestra el tema de  la depuración, el fortalecimiento y profesionalización de las policías.

Ojalá que la decisión sobre el futuro de la Guardia Nacional se tome con base en en el intercambio discursivo —la deliberación— de todos estos actores que, como mostraron los gobernadores, pueden realizar aportes valiosos.

Ojalá que las audiencias no sean una simulación, como dio a entender el gobierno al emitir la convocatoria para alistarse en la Guardia incluso antes de que esta fuera discutida, y ya no se diga aprobada.

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