Si de algo sirven las audiencias públicas que se llevan a cabo en la Cámara de Diputados para analizar la posible creación de la Guardia Nacional, el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales —que contiene la propuesta del presidente y de Morena— no debería ser aprobado.

Si bien algunos de los participantes en las audiencias –sobre todo los gobernadores– han reconocido la necesidad de contar con una Guardia Nacional que coadyuve en el combate al crimen organizado, todos han expresado importantes preocupaciones, y muchos han manifestado su oposición tajante.

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Aquí un breve recuento de las conclusiones de los participantes en las audiencias:

1.- La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se manifestó a favor de la creación de la Guardia Nacional con dos objeciones: por un lado, los gobernadores pidieron que la corporación tenga un mando civil en lugar de militar, como proponen AMLO y Morena. Por otro, pidieron que su operación se base en un trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno, respetando sus respectivas competencias en materia de seguridad.

2.- Las organizaciones de alcaldes agregaron que se debe dejar a las autoridades locales el combate a los delitos del fuero común. Se trata de un punto clave para no profundizar la militarización, pues como está planteado en la propuesta de AMLO, las Fuerzas Armadas combatirían hasta a los carteristas. Además, los alcaldes pidieron que se defina la temporalidad de la actuación de la Guardia Nacional cuando ésta sea requerida. Esto es importante para no perpetuar su presencia en las calles.

3.- El representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab, advirtió que la asignación de tareas de seguridad pública a un cuerpo militar va contra los fallos recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la participación de Fuerzas Armadas en labores de Seguridad. También dijo que el dictamen sobre la Guardia Nacional no brinda garantías de no repetición de las violaciones de derechos humanos, como las cometidas por las fuerzas armadas en el pasado.

4.- A su vez, el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, consideró que como está planteada, la Guardia contraviene sentencias, principios y criterios formulados en instancias internacionales.

5.- Finalmente, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, advirtió: que “la propuesta para crear una Guardia Nacional sí implica la constitucionalización de la militarización del país”.

Aquí vale la pena recordar que la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior no está prevista en la ley. Militares y marinos combaten al crimen de facto desde hace dos sexenios, sin que ello esté en sus funciones.

El más reciente intento de regular la actuación de los militares en esos menesteres fue la Ley de Seguridad Interior aprobada por la mayoría priista en la pasada legislatura, y posteriormente declarada inconstitucional por la Suprema Corte.

En 2017, cuando el Congreso de mayoría priista aprobó esa legislación, la oposición –en ese entonces Morena– la criticó por militarizar al país y dejar a criterio del presidente (Peña) las circunstancias en que se debe utilizar a las Fuerzas Armadas; así como permitirle prolongar de forma indefinida la presencia de las mismas en las calles.

Resulta que la propuesta del presidente López Obrador para crear la Guardia Nacional tiene los mismos vicios: constitucionaliza la militarización del país; no garantiza el respeto a los Derechos Humanos y no define con precisión las circunstancias y los tiempos para utilizar a las Fuerzas Armadas.

Por eso, si las audiencias sirven de algo, la Guardia Nacional no debería ser aprobada. Al menos no en los términos en que la plantean el presidente y su partido. Es más: por congruencia, Morena no debería aprobar lo que criticó como oposición.

Por desgracia, parece que la decisión ya está tomada.