México.- El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sabía del riesgo que la modificación de cauces de agua, por parte de la industria minera, significaba para trabajadores y zonas habitacionales aledañas a las minas.

Desde hace más de tres años y medio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó sobre un posible derrumbe.

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Argumentó que el peligro se debía a la explotación ilegal de carbón en Sabinas, Coahuila, de la cual forma parte la comunidad Villa de Agujita.

El 22 de noviembre del 2018, en el ocaso del gobierno de Enrique Peña Nieto, la CNDH emitió la recomendación 62/2018, en la cual pidió a las autoridades estatales y federales iniciar un programa de inspección en la región carbonífera del estado.

Advirtió sobre el peligro que suponían en ese momento las técnicas de extracción del mineral.

No obstante, la administración de López Obrador hizo caso omiso una vez que llegó a la Presidencia.