Fundar y motivar son dos vernos que logran construir un mecanismo jurídico formal, en un país de leyes, donde prevalece el Estado de Derecho, que toda acción de gobierno y agregamos pública, esté sustentada en la ley y esté explicada en sus motivos. Ello obliga a señalar la norma en la que se basa la acción, así como a las razones que llevan a la acción y su ejecución. Ese es el sentido formal.

Muchas veces los tiempos no son iguales para quienes actúan en una valoración de nuestros actos, unos desean que sea pronto y otros que haya suficiente tiempo para la reflexión y, a veces, para salir del atolladero, detrás de ello está la deliberación, el acopio de evidencias y el debido proceso.

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Finalmente, se busca una resolución que sea lo más cercana a la justicia, y en su caso, obtener la reparación del daño.

Nuestras instituciones de procuración de justicia son la ruta para avanzar en la solución de problemas, de litigios y, muchas veces de abusos, incluido el uso del mismo derecho. Sin embargo, esa vía tiende a ser mejor con el fin de evitar violencia innecesaria, y sobre todo, no caer en la idea malsana de justicia por propia mano.

Sin embargo, se entiende que la autoridad actúa con la imparcialidad debida, con la celeridad y prontitud del caso y con la sana intención de resolver conforme a derecho, en tiempo y forma la cuestión que se le ha presentado.

Hay muchas eventualidades que ponen en entredicho estas intervenciones de las autoridades y desgastan las situaciones en que los ciudadanos están inmersos, unos porque las viven y las padecen y otros, porque consideran que no se actúa con la norma y justicia visibles.

Hay tantos elementos cotidianos que nos muestran los distintos pareceres, que incluso están tipificados como delitos y que, al parecer ninguna autoridad hace algo al respecto. En algunos casos la omisión es por ignorancia, en otros por incapacidad y unos más por incompetencia. Lo cual tiende a dañar la sana convivencia social y, desde luego, el respeto a la autoridad y la propia gobernabilidad.

Si una vendedora de aguas frescas es asesinada a plena luz del día y no se hace nada al respecto, estamos propiciando que la delincuencia continúe su trágico quehacer, el derecho de piso tiende a volverse una norma cotidiana.

Si hay atentados de robo, crimen, extorsión o vandalismo a cualquier ciudadano, periodista, activista, militar o empresario, y no se esclarecen los casos, conlleva la posibilidad de una escalada mayor, hasta que quien la promueve logre su objetivo, mientras tanto a puesto en duda la vigencia de sus derechos y libertades y ha hecho inválida a la autoridad de seguridad y justicia.
Es cierto, en ocasiones no alcanza la norma o no es suficientemente clara o rigurosa para atender ciertos actos, sin embargo, a veces se recurre al espíritu de la ley y a las fórmulas que se derivan de las propias leyes y que deben ser resueltas por las instancias adecuadas, para evitar dañar a las personas involucradas y a la sociedad en su conjunto.

Ocurre con la detención de delincuentes en flagrancia o con el surgimiento de datos que evidencian acciones pasadas contrarias a la norma o a la sana convivencia y que siguen vigentes. Es el caso del plagio que se discute en la sociedad, los medios de comunicación y las redes sociales.

La detección del plagio cometido por una ministra de la SCJN en activo, ha causado gran revuelo. No solo porque personaliza la derrota del presidente ante su intento de imponer una persona afín, sino porque reevalúa la decisión del poder judicial, ostentando una separación de poderes. Además, el caso del plagio involucra directamente a la institución que le otorgó el título y a la que se le ha solicitado adopte las medidas correctivas del caso.

La autonomía de la UNAM ha entrado a la palestra, pretendiendo ser la palanca que saque al buey de la barranca, por tirios y troyanos; el debate y la dilucidación del caso está en proceso, hubo un tiempo en que se dio la oportunidad de que la propia involucrada tomase una decisión, que la llevara a renunciar al título mal obtenido, sin embargo, ello no ocurrió.

La UNAM por la voz de su rector, ha dicho que el plagio ocurrió, y ha pasado a la consulta y deliberación con las instancias jurídicas y éticas para lograr establecer una decisión. La forma en que se resuelva dará luz al cumplimiento de la norma y los valores universitarios en juego y ello podría modificar la constitución de la SCJN o dejarla con una situación éticamente insostenible. No es choro mareador, es aplicar la ley.

Sin duda muchos intereses están en juego, también muchos valores, veremos qué prevalece y de qué están constituidas nuestras instituciones.

Fundar y motivar son una brújula, faro y guía en estos casos y en los consecuentes eventos de la vida nacional.

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