Ciudad de México.- Cuatro estudiantes de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) promueven un amparo contra la consulta realizada en octubre pasado para cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) que se construía en Texcoco y las consecuencias que se hayan derivado de ésta.

El recurso, con número de expediente 1215/2018, está en trámite desde octubre ante el juzgado quinto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, que primero negó la suspensión de la consulta, pero luego admitió la demanda y a finales de este mes tendrá que resolverlo.

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De acuerdo con información de Animal Político, uno de sus argumentos es que pese a que no fue una consulta popular bajo las normas que establece la Constitución, sí tuvo un efecto legal, que fue la orden de suspender las obras del aeropuerto una vez que el entonces equipo de transición, que organizó el sondeo entre la población, asumió el poder.

Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ha asegurado, como lo hizo el pasado 9 de abril en comparecencia ante el Senado, que la decisión de cancelar el aeropuerto fue por razones de carácter técnico y la inviabilidad económica de la obra, que multiplicaría su costo original de 300 mil millones de pesos.

Sin embargo, Roberto Borbolla, uno de los impulsores del amparo, afirmó que un documento proporcionado por Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) deja claro que no es así.

“Es ahí donde se acuerda que se va a reanalizar y modificar el Plan Estratégico, y dicen que ahí van a señalar las razones financieras, pero realmente de lo que se habla es de que hubo una consulta pública donde la población determinó que había que cancelarlo, palabras más, palabras menos. Ahí se esgrime claramente esa razón y no se da otra de carácter financiero. Expone solamente los escenarios de la cancelación en términos económicos, entonces claramente iban sobre la cancelación”, detalló.

El 24 de abril termina el periodo para que ambas parten presenten pruebas y el juzgado convoque a la audiencia constitucional tras la cual se resolverá si procede o no el amparo.

MO

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