La decisión del presidente López Obrador de permitir que los migrantes que soliciten refugio en Estados Unidos permanezcan en México mientras se procesa su petición de asilo es criticable porque obedece a un chantaje de Donald Trump y no a una decisión soberana del Estado mexicano.

A cambio de evitar la imposición de aranceles, AMLO adquirió el compromiso de recibir –de entrada– a 50 mil migrantes de los que originalmente tendría que encargarse Estados Unidos. Ello implica un reto mayúsculo para México en un contexto donde 43 por ciento de la población vive en situación de pobreza (datos del Coneval) y el Estado no es capaz de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Sin embargo, ello no justifica el discurso xenófobo del que han sido objeto los migrantes.

De acuerdo con una encuesta publicada por el periódico El Financiero, la mayoría de los mexicanos (hasta un 61 por ciento de los habitantes del norte del país) consideran que el gobierno debería “cerrar nuestras fronteras a los migrantes”.

Además, en redes circulan videos de ciudadanos que dicen oponerse a que el gobierno ayude a gente extranjera “cuando hay mucha pobreza aquí”.Y también hay quienes sin darse cuenta reproducen el discurso de Trump acusando a los migrantes centroamericanos de ser criminales, violadores y hasta ingratos, recurriendo a generalizaciones que se consideran ofensivas cuando van dirigidas a mexicanos que cruzan hacia Estados Unidos.

Ahora bien; más allá de sus fobias, quienes se oponen a que el gobierno mexicano garantice los derechos humanos de los migrantes deberían revisar a detalle la Constitución.

El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma constitucional en materia de Derechos Humanos que–mediante una adhesión al artículo 1°– establece como obligación de todas las autoridades del Estado mexicano “promover, respetar, proteger y garantizar” los derechos de todas las personas.

Además, como parte de esa reforma, se modificó el artículo 11 para reconocer el “derecho de refugio” para toda persona por motivos humanitarios. De acuerdo con el experto en Derecho Constitucional, Miguel Carbonell, lo anterior “amplía la solidaridad internacional que históricamente ha tenido México hacia las personas que sufren violaciones a sus derechos humanos en sus países de origen, para quienes deben estar completamente abiertas las puertas del territorio nacional”.

Por otro lado, de manera adicional a la citada reforma, en 2011 también se emitió la Ley de Migración, en cuyo artículo 6 se establece que “con independencia de su situación migratoria, el Estado mexicano está obligado a garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de las personas extranjeras reconocidos en la Constitución y en los tratados y convenios internacionales”.  

Lo cierto es que más allá de la obligación constitucional del Estado de proteger los derechos de los migrantes, atestiguamos una ola de xenofobia e intolerancia que, si bien estaba latente en la sociedad mexicana, podría verse acentuada por la cada vez mayor presencia de extranjeros en territorio nacional.

Recordemos que como consecuencia de la globalización y de las crisis humanitarias que han acelerado los flujos migratorios, en la actualidad asistimos a un auge de los discursos ultranacionalistas, que rechazan la migración, las diferencias culturales y las expresiones de diversidad.

Ante este panorama, tristemente ya se avizora el encumbramiento de discursos xenófobos de cara a futuros procesos electorales. Volteemos a ver a Trump en Estados Unidos y a Bolsonaro en Brasil, y rechacemos las narrativas neofascistas.