La ignorancia de la ley no exime a nadie de su cumplimiento. Llama la atención que quien debe cumplir y hacer cumplir la ley, sea quien se encargue de violentarla, por omisión o por comisión.

Es común observar que el presidente López Obrador emita epítetos que socavan la norma y el estado de derecho, también que realice actos que van en contra de la ley y de su espíritu. Su justificación es ilegal e ilegítima, apela a figuras ajenas a la norma y a la vida institucional, tales como: el pueblo no espera y no merece ser afectado, los conservadores se encargan de dilatar la acción de gobierno, esto es mejor que seguir con el pasado y así otras más. Así se evita cumplir con la ley, con la responsabilidad asumida.

-Publicidad-

En la Ley de Seguridad Nacional de 2005, todavía vigente, se entiende por seguridad nacional las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano. Acciones que están orientadas a proteger a la nación de amenazas y riesgos, preservar la soberanía e independencia, mantener el orden constitucional y la preservación de la democracia. El artículo 5 de dicha Ley señala varios tipos de actos como amenazas a la seguridad nacional, entre ellos: el espionaje, el sabotaje, el terrorismo o la rebelión; impedir a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada; financiar acciones terroristas; o destruir infraestructura estratégica.

Si bien existe una suspensión definitiva de un juzgado de distrito, sobre la construcción del tramo 5 del Tren Maya, las obras se reanudaron, pues el Consejo de Seguridad Nacional declaró como obra de seguridad nacional, la construcción del Tren Maya.

La ilegalidad es más que evidente, esperamos que ahora que se publique en el Diario Oficial de la Federación la justificación, sepamos en qué están pensando, pues la autoridad administrativa no puede unilateralmente desatender la suspensión dictada por un juez.

En una mañanera, habló la decisión presidencial: Ya se decidió que es un asunto de seguridad nacional y que no por los intereses de un grupo de corruptos y de pseudo ambientalistas vamos a detener una obra que es en beneficio del pueblo.
La continuación del tren maya afecta derechos constitucionales y manosea la idea de seguridad nacional, que manipula el poder político y violenta la voluntad popular, colocando otros intereses, por encima del interés nacional. Grave cosa.