La tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, ha afectado a muchos actores y factores vinculados a la seguridad; ha irrumpido en el panorama nacional político y social, estableciendo costos altos en la valoración de la acción publica. Entre la memoria y el olvido se debate la tragedia en medios y redes sociales.

En esta perspectiva, cabe señalar que algunos analistas consideran a la demencia como un síndrome caracterizado por la disminución de la memoria y del pensar, que afecta el comportamiento humano en su capacidad de realizar actividades cotidianas.

Mutatis mutandis podríamos considerar el Síndrome de Tlahuelilpan como un transtorno que afecta la responsabilidad, para observar la realidad y establecer las causas del comportamiento humano, trastocándolas por un discurso que atribuye a la pobreza, la corrupción y los malos gobiernos, conductas ilegales y atípicas de sujetos concretos, derivando políticas de bienestar para delincuentes.

Quienes han realizado delitos deben ser castigados conforme al orden jurídico prevaleciente y no pueden ser premiados con beneficios o recursos públicos. Ello significaría derruir las bases del estado de derecho e impulsar acciones que favorezcan la ruptura de la norma y conduzcan a violentar a la sociedad y a las fuerzas del orden.

En Tlahuelilpan ocurrió una tragedia como resultado del huachicoleo, del robo de combustible, en donde han muerto —por la explosión de la gasolina que era ordeñada de un ducto de Pemex—, 96 personas con la posibilidad de que se incremente su número por los 51 heridos graves y de alto riesgo. Este hecho ha mostrado el denominado síndrome de Tlahuelilpan, culpar a terceros —pobreza, corrupción, delincuencia organizada o malos gobiernos— por el delito de quienes robaban combustible. O bien se utiliza una trágica situación para alimentar una visión del mundo ideologizada, que no tiene elementos rigurosos ni evidencias sustantivas que refrenden lo dicho y que busca culpables con el fin de mostrarse como campeón de la honestidad, pervirtiendo la realidad misma.

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La culpa que el síndrome de Tlahuelilpan provoca, ha llevado a utilizar recursos públicos para justificar una supuesta acción de bienestar, que subsane el daño a los familiares y vecinos de las víctimas, otorgándoles de facto dinero público. Un millón 688 mil personas serán beneficiadas con programas sociales en las zonas con huachicol. El síntoma que desdibuja la atención social necesaria podría desviarse hacia la posible compra de conciencias, para evitar un señalamiento que tipifique a una persona o gobierno, como se indujo o caracterizó a otros personajes públicos en el pasado, como ocurrió con los niños muertos de la guardería ABC o los 43 estudiantes de Ayotzinapa, así, ahora están los muertos de Tlahuelilpan y alguien tendrá esa responsabilidad.

Ante esta situación, de ataque a instalaciones estratégicas o simple ordeña de combustible, también se debaten la prudencia o la omisión, la responsabilidad de elementos militares, la rapiña voraz por obtener ganancias ilícitas, la intervención de organizaciones de derechos humanos sobre una respuesta tardía o la ausencia de medidas preventivas, así, restituir el estado de derecho y que las instancias de investigación decidan, conforme a derecho y no a ocurrencias, la responsabilidad en la pirámide del mando, es como podría evitarse que el síndrome de Tlahuelilpan devenga una supuesta forma de gobierno cotidiana, que trastorne la vida pública, política, social y económica de la nación.