Resulta inexplicable que, ante los hechos documentados sobre la venta de niñas y adolescentes en el estado de Guerrero, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, decida irse por las ramas sin confrontar un hecho ineludible: las mujeres en Guerrero, y en muchas partes del país, viven en constante violencia.

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En su reunión de este domingo 25 de octubre, López Obrador, que tiene como responsabilidad garantizar los derechos humanos de las personas, señaló:

“Ahora que fuimos a La Montaña unas periodistas, por toda la campaña que se genera de quienes no conocen las comunidades, ni conocen de las culturas de los pueblos, la pregunta que me hacían es: ‘A ver, ¿qué nos dice, o viene a ver lo de la venta de las niñas, lo de la prostitución de niñas?’ No, no vengo a ver eso, porque eso no es la regla, en las comunidades hay muchos valores culturales, morales, espirituales, eso puede ser la excepción, pero no es la regla. ¿Qué, acaso entonces la prostitución nada más está con los pobres?

Entonces, toda una campaña en ese sentido. Pero no es motivo para cuestionar a nadie, es que es muy enajenante el manejo de la información o, mejor dicho, la información que se transmite para distorsionar, para deformar las cosas.

Entonces, en La Montaña y en todo Guerrero y en todo México hay muchos valores, hay una gran reserva de valores en el México profundo para regenerar la vida pública.”

No se equivoca el presidente de la República: en muchas comunidades las mujeres tienen un valor, pero no humano, sino comercial, un valor de cambio, lo que constituye una violación a los derechos humanos. Si él acepta eso, la explicación sobre sus dichos es evidente.

Al presidente de la República le disgusta lo que no sabe, le molesta cuando intentan que vea la realidad que está en la calle y en los hogares, esa misma que cuestionó a Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón Hinojosa. Le molesta que le recuerden que la violencia continúa avanzando y, como sus antecesores, no la ha disminuido.

La promesa de campaña de Andrés Manuel López Obrador fue terminar con la violencia: 103,505 homicidios; 338,580 muertes por el Covid-19; 2,729 presuntos feminicidos, en este sexenio. La suma de los decesos durante su gobierno, tan sólo por estos tres rubros, es de 444,814 familias que viven en el dolor por la pérdida.

El concepto de violencia para el presidente de la República es otro; para él, lo importante es denigrar o descalificar a todos los grupos o personalidades que no están de acuerdo con él, pelear todas las mañanas y enviar mensajes, distractores, para que una oposición con poco rumbo se enganche en sus dichos. Ejerce la violencia contra sus opositores y a los delincuentes los olvida.

La discusión por la Universidad Nacional Autónoma de México la plantea en los dimes y diretes, no en el terreno de los números, del aporte que brinda, del comparativo de los egresados, por ejemplo, frente a los que las universidades creadas por él en la Ciudad de México tienen.

Pero la oposición, la que, se supone integran los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y una parte del Revolucionario Institucional, está preocupada por responderle al presidente provocador, por seguir a pie juntillas la idea de que ser oposición es ir contra Andrés Manuel López Obrador. No por la agenda de las personas.

México camina de un proceso de transición democrática a un proceso de autoritarismo y división radical permeado de violencia verbal y física.

La oposición institucional está perdiendo la agenda de las personas: el de la violencia es una de ellos. ¿Cómo se puede detener la violencia desde la oposición? ¿Cómo puede ayudar la oposición a las víctimas de la violencia?

Hay que dejar atrás la violencia verbal, no fomentarla en el terreno de la discusión, aunque también sea una herramienta estratégica. La violencia verbal no suma a la agenda pública o a la política pública para las personas.

Los estrategas desde el escritorio afirman que en la política hay suma cero, lo que pierde uno lo debe ganar el otro o los otros. La idea no es mala para México, pero no abona porque las que van restando son las personas. La política, entonces, se reduce a la lucha de los grupos y la agenda pública se aleja de su principal sentido.

La venta de niñas y adolescentes en la Montaña de Guerrero tiene historia, mucha historia; los matrimonios de menores de edad eran una forma simulada de la venta de las niñas que se canceló con las reformas, en 2019, cuando la mayoría de Códigos Civiles federal y estatales prohibieron el matrimonio de menores de 18 años.

Para establecer una política pública y cambios jurídicos radicales, lo primero es entender que hay un problema que no ha encontrado solución. En este caso, la venta de niñas y adolescentes continúa. No hay registros certeros de cuántas y en que poblaciones exactamente, porque el acto se da dentro de la intimidación y la violencia. ¿Cómo puede denunciar una niña o adolescente si el entorno la limita? Pero existe, está documentado y los pueblos originarios no han trabajado lo suficiente para impedirlo y alejarlo de sus usos y costumbres.

Reconocer que la venta de niñas y adolescentes y la prostitución son una violación a sus derechos humanos es reconocer el problema y delimitar que, quién no lo entienda así, es nuestra oposición y, por lo tanto, no es el gobierno que queremos. Y así se puede construir una agenda de oposición más certera.