Con 2 mil 47 agresiones a comunicadores y medios de comunicación, además de 50 periodistas asesinados por su actividad profesional y cinco más desaparecidos, el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se convirtió en el más violento para ejercer la libertad de prensa, incluso superando a Felipe Calderón, quien cerró su mandato con 48 comunicadores asesinados en el ejercicio de su deber.

Los estados de Oaxaca y Veracruz fueron los más violentos para el ejercicio del periodismo, ya que entre los dos estados suman 20 asesinatos seis años (10 asesinatos en cada uno).

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Diversas asociaciones nacionales e internacionales como Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras, Reporteras en Guardia y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) han realizado diversos conteos sobre los asesinatos de periodistas en el sexenio. Sin embargo, las cifras llegan a variar entre uno y otro.

Reporteras en Guardia tiene la cifra más alta con 66 crímenes contra periodistas, le sigue Artículo 19 con 47, Reporteros Sin Fronteras contabilizó 41 y el CPJ tiene la cifra más baja con 35.

¿Pero por qué? ¿Por qué unas tienen más que otras?

La organización Reporteras en Guardia recopiló sus cifras al cruzar las bases de datos de Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras, el Comité de Protección a Periodistas y de la agencia Comunicación en Información de la Mujer. Sin embargo, hay que señalar que esta cifra incluye tanto a los periodistas asesinados como a los desaparecidos en este sexenio, así como crímenes ajenos al trabajo periodístico de las víctimas, como los casos de Marlén Valdez, asesinada tras sufrir un asalto en su casa y Alicia Díaz, asesinada por una situación de violencia de género de parte de su exesposo.

Artículo 19, el Comité de Protección de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras, manejan en sus conteos a los periodistas que fueron asesinados en probable relación con su actividad periodística, aunque cabe señalar que el Comité de Protección a Periodistas los tiene clasificados en motivo confirmado y sin confirmar, por lo que la cifra es mucho menor.

Para conocer las cifras completas de agresiones a la prensa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, da click aquí.

La ineficiencia de la FEADLE y la criminalización de periodistas

En 2010 fue creada la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) como un órgano especializado dedicado a atender este tipo de casos. Sin embargo, a 8 años de su creación, reporta un 99.6% de ineficiencia, pues de acuerdo a las propias estadísticas de la dependencia, de 1196 indagatorias abiertas, solo 153 han sido consignadas ante un juez y únicamente ha logrado obtener sentencia en 7 casos.

Aunado a eso, la FEADLE tiene otras 247 indagatorias en trámite y en determinaciones, es decir, que falta la resolución ministerial en los expedientes.

Desde la implementación del nuevo sistema penal acusatorio en 2016, se han abierto 189 carpetas de investigación más, sin embargo, solamente una ha sido judicializada.

En 2017, el gobierno mexicano anunció la implementación de medidas adicionales para resguardar la libertad de prensa, pero de poco sirvió para mitigar las agresiones, pues ese año cerró con 507 agresiones, 12 asesinatos y una desaparición. De estas agresiones, más de la mitad habrían sido cometidas por servidores públicos.

Por si fuera poco, los periodistas asesinados a menudo son criminalizados por las autoridades estatales, quienes buscan desestimar la labor periodística como una potencial línea de investigación en el caso con el fin de acortar el tiempo de las investigaciones.

Tras el asesinato del fotorreportero Daniel Martínez Bazaldúa, la Fiscalía de Coahuila afirmó que en la escena del crimen se encontraron una serie de carteles que involucrarían al joven con el crimen organizado, versión que fue desestimada por el diario Vanguardia, medio para el que trabajaba Daniel, al señalar que la fiscalía hacía estos señalamientos sin pruebas e interpretaba irresponsablemente los mensajes al hacer alusión directa de que Martínez Bazaldúa pertenecía al crimen organizado.

En otro caso, el entonces Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, trató de minimizar el asesinato del periodista Moisés Sánchez Cerezo al afirmar que era un “taxista” y un “activista vecinal”.

También en Veracruz, el periodista Leobardo Vázquez Atzin fue asesinado. Sin embargo, la fiscalía estatal señaló que el crimen se había cometido mientras el comunicador vendía tacos, esto a pesar de que ya había recibido amenazas por sus publicaciones.

En 2013, el gobierno federal anunció la creación de un mecanismo de protección contra periodistas, que incluye medidas que van desde botones de pánico hasta cambios de residencia.

Sin embargo, una queja constante entre los más de 300 periodistas y activistas que están bajo este mecanismo, son las constantes fallas técnicas en los botones de pánico y localizadores, así como el burocrático proceso para obtener la protección. Aunado a eso, el mecanismo está en el ojo del huracán porque estas medidas no han impedido que continúen los ataques a la prensa, ya que los periodistas Pedro Tamayo, Rubén Pat y Cándido Ríos fueron asesinados a pesar de contar con esta protección.

Para conocer las medidas de protección con las que contaban, da click aquí.

A tan solo un día de falta de la llegada de la nueva administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador, vale la pena preguntar, ¿Qué cambiará? ¿Cómo resolverá el problema?

El vocero del próximo Gobierno, Jesús Ramírez, anunció que convocarán a familiares de periodistas asesinados para la creación de un nuevo protocolo de protección. De igual forma, el presidente electo declaró que se buscará proteger la libertad de prensa. Sin embargo, aún no se han anunciado las medidas que se emplearán para lograrlo, por lo que parece que tanto al gobierno saliente como el entrante, poco o nada parece importarles resolver este problema.